El Gobierno aprueba de urgencia 400 millones más para seguridad y mantenimiento de centros de inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en el último Consejo de Ministros una «modificación de los límites para programas de atención humanitaria y centros de acogida» de inmigrantes para poder sufragar los programas de atención humanitaria y «el normal funcionamiento de los centros de acogida» ante la crisis migratorio en las costas españolas. El Ejecutivo socialista reconoce que el gasto se «incrementa en 381.444.795 euros respecto al inicialmente previsto» y, entre otras cosas, se destinarán a que estos centros tengan «seguridad y vigilancia» así como el mantenimiento de los mismos.

El Ministerio de Hacienda aprobó este martes la modificación de los límites «para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros» para permitir que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dé «cobertura de necesidades adicionales de financiación en los programas de atención humanitaria y protección internacional y la tramitación de contratos que cubran el normal funcionamiento de los centros de acogida».

Concretamente, se trata de una medida para garantizar que se alcanza el gasto suficiente para poder «cubrir las necesidades presupuestarias correspondientes al período de 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026». El objetivo es «mantener abiertas las 53.500 plazas actualmente en funcionamiento hasta fin del periodo» e «incrementar los servicios de traslados incluidos dentro del programa de atención humanitaria que sirven para sufragar el coste de trasladar a las personas desde Canarias a la Península y reforzar el servicio de atención en costas que incluye todas las actividades de primera atención en la llegada a España».

El incremento del gasto que ha previsto la administración es de 381.444.795 euros respecto a lo que se había presupuestado inicialmente. Tal y como ha comunicado el Gobierno, se ha realizado «imputándose el 50% de dicho aumento, esto es, 190.722.397,50 euros a la anualidad de 2026».

Además, se incluye una prórroga para que la empresa TRAGSA preste los servicios de «alimentación, seguridad, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo y la actividad técnica de supervisión, control y coordinación en los dispositivos de acogida situados en las Islas Canarias y península» que gestiona la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional. En ese caso, el desembolso del Gobierno se elevará hasta los 96.063.103,30 euros.

Por otro lado, el Gobierno admite que tendrá que trasladar el impacto económico a las cuentas de 2026, con un total de 8.548.238,67 euros para asegurar el «normal funcionamiento de los centros de acogida». Entre los servicios que se pretenden poner en marcha está el «suministro de víveres, productos de limpieza, seguridad y vigilancia, productos farmacéuticos, restauración o vestuario y aseo».

La violación de Hortaleza

Todo ello en medio de la polémica surgida alrededor de la violación el pasado sábado a una niña de 14 años por parte de uno de los menores inmigrantes acogidos en el centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se presentó este martes acompañada de medio centenar de personas para protestar. Una de las jóvenes presentes en el lugar estalló contra el presidente del Gobierno: «Es cómplice de todo lo que le han hecho a esta niña y a las dos de Alcalá».

Por su parte, el el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, aseguró este miércoles que los menas «son personas que la justicia designa que son vulnerables y, por tanto, hay un interés superior del menor».

Además, indicó que «no se puede diferenciar a quien comete un acto tan vil como una violación por donde nace, porque todos son igualmente cometidos». «No se puede decir que hay violadores buenos porque nazcan aquí y malos porque son foráneos. Son igualmente deleznables las acciones», subrayado.

Por su parte, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, tildó el acto de «racista» y aseguró que Vox quería «replicar» las mismas protestas que sucedieron en las calles de Torre Pacheco (Murcia) después de la agresión a un anciano de la localidad por parte de unos jóvenes extranjeros. «Mientras tanto, nosotras seguimos trabajando por aplicar políticas con perspectiva de derechos», expresó en una declaración ante los medios.