España tras derogar Sánchez la sedición: tampoco será delito incitar a cometer altercados violentos

La proposición de ley de PSOE y Podemos para poner fin al delito de sedición incorpora otras novedades relevantes al Código Penal que afectarán a los «desórdenes públicos».

Es el caso de la «incitación» a cometer un altercado a través de mensajes o consignas difundidas públicamente por «cualquier medio», que se suprime por completo. Tampoco se castigará expresamente a quienes distribuyan esos mensajes para «reforzar la decisión» de llevar a cabo estos disturbios. En el vigente Código Penal el castigo en estos casos es de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Lo más parecido a este artículo que se elimina es otro que exige «provocación», «conspiración» o «proposición» para los desórdenes. Desde Podemos defienden que el delito de «incitación» chocaba con la «libertad de expresión».

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Tamara Carrasco, detenida en el marco de la investigación contra los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y para quien la Fiscalía reclamó siete meses de prisión por difundir un mensaje de Whatsapp a un grupo en el que comunicaba que durante varios días se realizarían «cortes» y «una especie de sabotajes» en respuesta a la situación del ex presidente Carles Puigdemont, detenido entonces en Alemania.

La Fiscalía consideró que, con ello, Carrasco ejercía «funciones de coordinación» de los CDR impartiendo «directrices para las acciones de reivindicación». Según su escrito, la detenida animaba a ocupar el puerto o el aeropuerto de Barcelona, siendo esto «el punto de partida en el proceso hacia la violencia real». Finalmente, resultó absuelta, aunque sólo por estimar los jueces que el mensaje enviado no podría considerarse en su caso de «difusión pública», por tratarse de un grupo cerrado de WhatsApp. El Tribunal Supremo confirmó la absolución, aunque con cinco votos en contra.

Sedición

La proposición de ley de PSOE y Podemos para fulminar el delito de sedición, que sustentó las condenas a los líderes del procés, superó el pasado jueves su primer trámite en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de los socios habituales del Gobierno. El texto se somete ahora al plazo de enmiendas aunque la tramitación se prevé rápida. La intención del Ejecutivo es que esta reforma esté lista ya a finales de año.

La votación estuvo marcada por la petición del PP para que fuese pública y por llamamiento, a fin de que los diputados socialistas quedasen retratados por su apoyo a la supresión de la sedición. No hubo sorpresas, e incluso ellos mismos se jactaron de su respaldo «sin fisuras» y en grupo a la ley, una nueva rendición de Sánchez al independentismo.

El Gobierno ha maniobrado en el Congreso para burlar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tramitando la reforma como proposición de ley de los grupos en lugar de proyecto de ley del Consejo de Ministros. Su tramitación será por el trámite de urgencia, lo que reduce todos los plazos a la mitad.

En el debate PSOE y Podemos se reafirmaron en sus cesiones al separatismo. Enfrente, el Partido Popular criticó que «la derogación de la sedición no es una demanda social sino un pago del Gobierno al independentismo catalán». La portavoz del PP, Cuca Gamarra, aseveró que no se trata de «convivencia» sino de «conveniencia» de Sánchez.

El Gobierno había previsto modificar también el delito de malversación por el que fue condenado, entre otros, Oriol Junqueras. Esa circunstancia le impide regresar de momento a la vida política. No obstante, ERC ha renunciado por ahora a esa reforma con vistas a acordar con Sánchez la celebración de un nuevo referéndum. Esquerra aprovechó el debate en el Congreso para atacar duramente a los jueces: «No podemos cambiar el Poder Judicial porque es un problema endémico de este país, sólo podemos aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez o jueza facha de turno», señaló Gabriel Rufián.