ERC renuncia a la malversación a cambio de que el Gobierno avance hacia el referéndum pactado

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Joan Guirado

No habrá reforma del delito de malversación. Por lo menos, en la modificación legislativa del Código Penal prevista para este año. Esquerra Republicana ha decidido renunciar a ello, hecho que hubiera facilitado el retorno de su líder, Oriol Junqueras, a la política, a cambio de que el Gobierno avance hacia el referéndum pactado. Todo en conversación constante con el PSOE que, de la misma forma que estaba dispuesto a apoyar las enmiendas separatistas para reformar la malversación, también está alineado en permitir una nueva consulta en Cataluña dándole esta vez un marco legal a través de una posible reforma del Estatut.

Fuentes de ERC consultadas por este periódico señalan que «hay avances» en el diálogo con el Gobierno en el marco de la mesa de negociación. Un foro bilateral, en que están representados Gobierno y Generalitat, que debe reunirse antes de acabar el año. Con la ruptura del acuerdo con Junts per Catalunya, ahora, la mesa sí adopta el rol institucional que siempre había buscado y que la ausencia de JxCat -que no creía en ella- imposibilitaba. Sin el lastre de los de Laura Borràs, Pere Aragonés tiene vía libre para cualquier acuerdo con el Ejecutivo. También el de una reforma estatutaria que el Govern rechazaba hasta hoy. Y que sería el preludio de un nuevo referéndum. El paraguas legal.

Como todo en política, posiblemente, en los próximos días veremos mucha teatralización. Acusaciones cruzadas entre ERC y el PSOE por no pasar página a lo que los separatistas llaman «represión». Pero lo cierto, explican fuentes de ambos gobiernos, es que los equipos de Moncloa y Palau «tienen documentos muy avanzados» para iniciar los trámites de la reforma del Estatut en cualquier momento. Una modificación que, antes de lanzarla a la plaza pública, ya estaría prepactada entre Gobierno y Generalitat y que contaría con el compromiso de PSOE, Podemos, ERC y Comuns para convalidarla tanto en el Parlament como en el Congreso. Sin perder mucho tiempo en el trámite de enmiendas para no demorar los plazos. Como ha ocurrido con la sedición.

La modificación del texto que regula la relación del Estado con la Generalitat, además de otorgar más competencias al Govern -como ya ha ocurrido con los Presupuestos, al entregar Sánchez 900 millones para que sea Aragonés quien ejecute inversiones con el dinero de todos los españoles que debería ejecutar el Gobierno-, busca dar cobertura legal a la organización de refrendos. Así en general. Como con la ley de consultas que anuló el Tribunal Constitucional. Algo que lo puede abarcar todo para que los socialistas puedan defenderse e incluso abanderar eso en las próximas elecciones. Y ERC disponga del mecanismo necesario para preguntar a la ciudadanía, con el beneplácito de la administración central, sobre la secesión.

Consecuencias

La marcha atrás de Esquerra Republicana con la reforma del delito de malversación tiene consecuencias para los principales dirigentes del partido; sobre todo, para Oriol Junqueras, que no verá extinguida de forma inmediata su condena de inhabilitación, y para su núcleo duro de colaboradores. Josep Maria Jové, Lluís Salvadó o Natàlia Garriga -todos ellos ex altos cargos de la consejería de Economía cuando el golpe secesionista, y hoy diputados y consejera del Govern- están pendientes de juicio. Y la no modificación del delito de malversación les conduciría directamente a prisión con penas que pueden llegar a los seis años de cárcel. No se espera que sean juzgados antes de acabar el año que viene.

Esa es la parte negativa que, según fuentes de ERC, podría solucionarse a principios de 2024 si Pedro Sánchez vuelve a ser elegido presidente del Gobierno. Desde el PSOE les han transmitido, apuntan, que «luego sí» cabría la posibilidad de una amnistía. Pues a cuatro años vista de las siguientes elecciones el impacto electoral en el resultado de los socialistas sería prácticamente cero. Y, además, si Sánchez fuera reelegido lo sería con el aval a su política para mejorar «la convivencia» pactando con los que quieren romper España, por lo que se sentiría también legitimado para hacerlo.

Nueva estrategia de ERC

Ahí es donde aparecerían las cosas positivas de esta nueva estrategia de ERC de no tocar la malversación para avanzar en otros frentes. Con la sedición derogada, y al no estar acusada de malversación de caudales públicos, la secretaria general del partido, Marta Rovira, podría volver a España sin problemas. Pero el ex presidente Carles Puigdemont, sin embargo, no. El ahora diputado, en caso de retorno a España de forma voluntaria o extraditado -este jueves y viernes hay una vista sobre su futuro en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- debería responder por un delito que sí le conduciría a prisión. Junqueras no le perdona su huida a Bélgica.

Con la amnistía en 2024, también lo que buscaba ERC con la reforma de la malversación lo tendrían solucionado. Tras ver pasar temporalmente a Puigdemont por la cárcel, esta medida dejaría sin efectos las causas pendientes sobre todos los acusados. Eso quiere decir que Oriol Junqueras podría ser candidato a la presidencia de la Generalitat en 2025 -no tiene prisa, por lo que no necesita que se le levante la inhabilitación de forma inmediata- y su núcleo duro -en caso de ser condenados- también serían exonerados. Y Puigdemont. A pocos meses de unas elecciones autonómicas, ERC podría exhibir la eficacia de su diálogo con el PSOE para la restitución de los dos principales líderes del golpe. Que posiblemente se enfrentarían de nuevo en las urnas.

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