Sánchez y todos los diputados del PSOE votan a favor de entregar a ERC la abolición de la sedición

Sin sorpresas, uno a uno, los diputados del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, han votado este jueves a favor de que el fin de la sedición inicie su andadura parlamentaria. La proposición de ley, firmada por los dos socios de la coalición, suprimirá el castigo con el que el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras y el resto de promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre, reemplazándolo por un delito de «desórdenes públicos agravados». La rebaja de pena es sustancial, pues de 15 años de cárcel se pasa a apenas cinco.

Con esta reforma a la carta, Sánchez se entrega de nuevo al separatismo para sobrevivir en La Moncloa. El Partido Popular había forzado una votación individual y por llamamiento, no secreta, con el fin de que los diputados socialistas se retratasen en el Congreso. No ha habido ruptura de la disciplina de voto, pese a que varios barones relevantes, como Emiliano García-Page -quien criticó que la reforma «abarata el ataque a la Constitución»- habían expresado días atrás su rechazo. «Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí», ha clamado antes de la votación la diputada Inmaculada Oria. Sus compañeros de partido se han puesto en pie.

El debate ha sido acalorado. Desde el PSOE, el diputado Francisco Aranda ha defendido la iniciativa, que dejará vía libre a quienes quieran romper el Estado, para «buscar soluciones desde el diálogo y desde la búsqueda del entendimiento entre diferentes» porque eso, ha opinado, «es lo único que construye país y sociedad». Aranda ha acusado al PP de «sentarse en un sillón a fumarse un puro» ante los sucesos que desembocaron en el referéndum ilegal del 1-O. El socialista ha enmarcado las críticas a esta reforma en una «jauría política» y ha advertido al PP que no logrará sus objetivos: «Lo que les queda con Pedro Sánchez», ha aseverado.

«Conveniencia»

Desde el Partido Popular, su portavoz, Cuca Gamarra, ha criticado que la reforma sortea la Comisión de Justicia en el Congreso y los informes perceptivos del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es una «iniciativa tramposa».

«La derogación de la sedición no es una demanda social sino un pago del Gobierno al independentismo catalán», ha reprochado la dirigente popular, quien ha denunciado que no se trata de «convivencia» sino de «conveniencia». «Se han aprobado los Presupuestos Generales y sus socios exigen pagos al contado y hoy es día de cobro», ha ilustrado.

Gamarra ha emplazado a Sánchez a aclarar si acabará reformando también el delito de malversación y ha rechazado que haya necesidad de homologar el Código Penal español con otros europeos. Además, ha acusado a los diputados del PSOE de «engañar» a los ciudadanos y actuar como «abogados defensores» de los golpistas.

«Jueces fascistas»

Podemos, por su parte, no se conforma con liquidar la sedición y busca modificar más delitos del Código Penal. «Hoy es una victoria de la democracia que se apruebe esta propuesta legislativa», ha señalado el portavoz, Jaume Asens. El partido socio de Sánchez en el Gobierno ha considerado que el debate de este jueves «es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña» que llega para «modernizar el Código Penal» como «una cuestión de higiene democrática».

ERC, aliado preferente para el Ejecutivo, ha presumido de la rendición del líder socialista. Gabriel Rufián ha protagonizado numerosos ataques hacia los jueces. «No podemos cambiar el Poder Judicial porque es un problema endémico de este país, sólo podemos aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez o jueza facha de turno», ha asumido, congratulándose de haber «quitado el juguete a los jueces fascistas eliminando un instrumento decimonónico». Vox ha hablado de «amnistía» a los golpistas y ha asegurado que volverá a penar los delitos. España ni es «mercancía» propiedad del Gobierno ni está «en venta», ha señalado Ortega Smith.

La supresión de la sedición tendrá consecuencias en las penas, pero no permitirá el regreso de Junqueras a la política. Condenado también por malversación, su inhabilitación por este delito se lo impide. Aunque el Gobierno se había abierto a una reforma, ERC ha renunciado por ahora a cambio de que se avance hacia un referéndum pactado. El PSOE está dispuesto a esa condición, que ya se negocia en el marco de la mesa entre Gobierno y Generalitat, escondiéndolo bajo una reforma del Estatut.