Díaz exige que la Iglesia pague la multa del hombre que tocó los pechos a activistas de Femen en la calle

Sumar, formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha exigido que la iglesia de los Doce Apóstoles donde se celebró una misa por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco pague la multa e incluso asuma «consecuencias penales» por la presunta agresión sexual cometida por un hombre que tocó los pechos a dos activistas de Femen que se manifestaban en la calle frente a la parroquia contra la ceremonia religiosa.

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha firmado una iniciativa en la que exige una respuesta por escrito del Gobierno sobre la «agresión sexual a dos mujeres que protestaban en las inmediaciones del templo donde se celebraba la misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco».

La pregunta insta al Ejecutivo a considerar a los convocantes de la misa, es decir, la Fundación Francisco Franco, así como «la institución religiosa responsable del templo en el que se celebró» como responsables a nivel civil o penal de la agresión.

Y es que desde Sumar consideran que «podrían incurrir en responsabilidad civil, administrativa o penal por no adoptar medidas de seguridad suficientes ni intervenir durante la agresión sexual presenciada, facilitando de facto la impunidad del agresor».

Rivera se queja de que la presunta agresión «fue grabada por la prensa y presenciada por las personas que acudieron a la misa, sin que absolutamente nadie actuara para impedir que el agresor continuara acosando y agrediendo a las activistas». «Ni siquiera las personas convocantes o la institución en la que se desarrolló el acto en homenaje del dictador», alega, a pesar de que los hechos ocurrieron en la calle, es decir, fuera de las instalaciones de la iglesia.

Misa en memoria de Franco

El pasado 20 de noviembre de 2025, la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid celebró una misa por el 50 aniversario de la muerte del dictador a petición de la Fundación Francisco Franco. Frente a la puerta del templo, dos activistas de la organización Femen Spain protestaron con los senos al descubierto, como es habitual en las manifestaciones de esta entidad, y con pancartas en las que podían leerse dos mensajes: «Fascismo legal, vergüenza nacional» y «Al fascismo ni honor ni gloria».

Al poco tiempo, un hombre irrumpió en la protesta portando una bandera franquista y fumando un puro. El individuo, sin embargo, no se limitó a protestar pacíficamente, sino que tocó en múltiples ocasiones los pechos de las mujeres contra la voluntad de ellas.

Las activistas de Femen interpusieron una denuncia contra el agresor y, apenas unos días más tarde, la Policía Nacional lo detuvo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aprovechó el suceso para recordar que España «ya no consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador». «Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada», espetó.

La Delegación de Gobierno también suscribió «su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones».

Dudas sobre la «presencia policial»

Pese a todo ello, Sumar interroga al Gobierno sobre si «existía presencia policial en el momento en que se produjeron las agresiones sexuales contra las activistas» y, en caso afirmativo, «si se activó algún protocolo policial tras las agresiones sexuales grabadas por los medios de comunicación».

Del mismo modo, se interesa por conocer la situación de las activistas. Concretamente, si se ha ofrecido a las víctimas «apoyo psicológico, asistencia jurídica y acompañamiento institucional, conforme a los protocolos vigentes de atención a víctimas de delitos sexuales».

Por último, Engracia Rivera pregunta sobre las medidas que va a tomar el Gobierno «para proteger a las víctimas y garantizar que estas agresiones sexuales no queden impunes».