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Díaz pide ‘ceder competencias’ en inmigración a la ONU: exige que su opinión sea aplicada por el Gobierno

Sumar pretende que tenga "la fuerza necesaria" para "obligar a la Administración a actuar"

Sumar ONU
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, que se cedan competencias en materia de inmigración a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Y es que el partido magenta pretende que la administración central ponga en marcha un equipo para la supervisión de la gestión migratoria con la sociedad civil y organismos internacionales y que sus opiniones sean «vinculantes» y el Ejecutivo socialista esté obligado a aplicarlas.

Aina Vidal y Viviane Ogou, diputados de Sumar, han presentado en el Congreso una proposición no de ley relativa a la creación de un mecanismo independiente para la supervisión y evaluación de la gestión migratoria.

Las representantes del partido de Yolanda Díaz lamentan que los organismos que ahora mismo existen en el país «ejercen una labor de supervisión parcial» a pesar de su «trabajo inestimable» porque lamentan «el carácter no vinculante de sus recomendaciones».

A ojos de la formación magenta, «la carencia de efectividad se ha hecho patente en las recurrentes tragedias humanas ocurridas en nuestras fronteras». Y, más allá de ello, sostienen que aún existen «dificultades para esclarecer los hechos de forma plenamente independiente», así como «para implementar cambios estructurales que eviten su repetición».

Un organismo con ACNUR y la OIM

Por todo ello, desde Sumar subrayan la necesidad de un órgano «especializado» cuya labor, centrada en el campo de la inmigración, «no sólo observe y recomiende, sino que tenga la capacidad de impulsar transformaciones reales y efectivas».

«Debe garantizar la participación de la sociedad civil y organismos internacionales», apostillan. Y consideran imprescindibles «la experiencia, el conocimiento y la legitimidad de las ONG especializadas, el mundo académico y agencias como ACNUR o la OIM [Organización Internacional de las Migraciones] deben ser integrados formalmente en su estructura».

«Las decisiones de este mecanismo deben tener capacidad vinculante», aseveran los representantes del partido de Yolanda Díaz. Las diputadas pretenden que estas entidades tengan «la fuerza necesaria» para «obligar a la Administración a actuar».

Por todo ello, Sumar insta al Gobierno a «iniciar los estudios y trabajos preparatorios para la creación de un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria». Este organismo tendrá la función de «evaluar las reformas legislativas de calado necesarias para su establecimiento» y garantizar «que su mandato abarque todas las actuaciones de la Administración General del Estado» cuando éstas afecten a inmigrantes.

Supervisión de la gestión migratoria

Por otro lado, Sumar pretende «asegurar que dicho Mecanismo cuente con plena independencia institucional y funcional respecto del Poder Ejecutivo». Esto se logrará asegurando que su máximo responsable sea elegido por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados con un salario asignado.

En tercer lugar, se plantea diseñar una estructura para asegurar la «participación activa y formal de la sociedad civil especializada en migraciones y derechos humanos». Concretamente, se pretende añadir a sus órganos consultivos y de seguimiento a representantes de «organismos internacionales con mandato en la materia (como ACNUR y OIM)».

Por último, la pretensión de Vidal y Ogou es que las «investigaciones, evaluaciones y recomendaciones» de este nuevo órgano tengan «carácter vinculante». Es decir, que obliguen al Gobierno a aplicarlas. Para ello, «se establecerá la obligación para la administración concernida de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo determinado», reza la iniciativa.

Si no se cumple con lo estipulado por este Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria, la entidad que no ha aplicado esa decisión «deberá comparecer y justificar motivadamente dicha decisión ante la comisión parlamentaria correspondiente». Incluso se habla de aplicar posibles «responsabilidades a que hubiera lugar».

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