Puigdemont no pide asilo al conocer la negativa de Bélgica pero advierte que se queda allí

El presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que no pedirá asilo político en Bélgica, pero sí ha asegurado que permanecerá en el país hasta que se den las “garantías” para regresar a España.

Puigdemont ha tenido que improvisar su conferencia en el Press Club de Bruselas, después del que el Gobierno belga le denegase una sala. En una intervención plagada de victimismo, el dirigente independentista, acompañado por parte de su Govern, ha afirmado que no eludirá la acción de la Justicia, pero sí está preparado para «combatirla políticamente».

«Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata», ha explicado.

Las alusiones a la «represión» del Estado han sido continuas. Puigdemont ha tratado de deslegitimar la querella presentada este mismo lunes por la Fiscalía por delitos de rebelión contra el Govern afirmando que está «politizada».

El independentismo ha considerado que la actuación del Gobierno español no le ha dejado «otra opción» que desplazarse a Bruselas y diseñar un plan de trabajo que ha ido desgranando ante los periodistas. Así, ha explicado que parte de ese plan se centra en «evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa, y denunciar la politización de la Justicia española, la ausencia de imparcialidad, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático que se da a día de hoy en el Estado español».

Además, ha recordado que «otra parte del gobierno, con el vicepresidente a la cabeza, siguen en Cataluña realizando actividades políticas como miembros legítimos del Gobierno catalán».

«Ni unos ni otros henos abandonado nuestras funciones de Gobierno, vamos a seguir trabajando pese a las limitaciones», ha advertido Puigdemont, que ha avisado, además de que defenderán en Europa «la querella del Estado es política, no jurídica».