Claves del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama: de qué se les acusa, posibles penas y todos los detalles del ‘caso mascarillas’

El Tribunal Supremo acoge este miércoles 29 de abril de 2026 el esperado juicio a José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el conocido caso mascarillas. Los tres principales acusados se sientan en el banquillo por aprovechar presuntamente los cargos públicos del exministro de Transportes para favorecer a las empresas de Aldama en la millonaria adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, todo ello a cambio de suculentas mordidas y beneficios económicos. La Fiscalía Anticorrupción imputa a los miembros de la siguiente lista de delitos:

1. Integración en organización criminal
2. Cohecho continuado, activo y pasivo
3. Uso de información privilegiada
4. Aprovechamiento de información privilegiada
5. Tráfico de influencias
6. Malversación de fondos públicos
7. Falsedad en documento oficial y prevaricación

Tanto el exministro como su antiguo asesor se encuentran en prisión provisional desde noviembre de 2025 y continúan declarándose inocentes en el arranque de este histórico juicio a Ábalos. Las penas de cárcel a las que se enfrenta cada uno son las siguientes:

• José Luis Ábalos Meco: la Fiscalía solicita 24 años y la acusación popular, 30 años.
• Koldo García Izaguirre: la Fiscalía pide 19 años y medio, mientras que la acusación popular pide 30.
• Víctor Gonzalo de Aldama Delgado: afronta la pena más baja, fijada en 7 años.

El organigrama principal del ‘caso mascarillas’

La décima jornada del juicio ha estado marcada por la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El teniente coronel Antonio Balas, jefe de investigación económica y anticorrupción de la UCO, ha sido tajante al definir el rol de cada integrante de la red:

• Ábalos: la UCO señala que el ex ministro era una pieza «fundamental» sin la cual la organización no habría podido operar. Fue quien tomó la «decisión última de contratar» a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, para el suministro de 8 millones de mascarillas.
• Koldo: ejercía como «correa de transmisión» entre el empresario y el ministro. Según los investigadores, Koldo manejaba una «contabilidad A» (gastos oficiales) y una «contabilidad B» (gastos de origen ilícito) para administrar el dinero del ex político.
• Aldama: a pesar de no ostentar ningún cargo público, el empresario dominaba la trama porque era «quien pagaba y quien exigía», según detalló la Guardia Civil ante el Supremo. Disfrutaba de libertad total para entrar al Ministerio y demandaba «salvoconductos» para sus allegados durante el confinamiento.

El epicentro del ‘caso mascarillas’

El punto cero de los contratos bajo sospecha se articuló en torno a Soluciones de Gestión SL y Apoyo a Empresas SL, la sociedad instrumental adjudicada por el Ministerio de Transportes dirigido por el ex ministro José Luis Ábalos para suministrar una partida inicial de ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif. Según ha desvelado el propio Aldama, la trama operó con una división de tareas muy definida: el empresario Juan Carlos Cueto ejerció como «financiador» para adelantar el dinero y adquirir el material sanitario en China, mientras que la logística de transporte recayó en Air Europa. Aprovechando su posición como consejero de la aerolínea de la familia Hidalgo, Aldama cerró «los fletes por 250.000 euros el trayecto» y, para sortear la falta de permisos comerciales en el espacio aéreo asiático, lograron que «los aviones operaran bajo la apariencia de vuelos diplomáticos», garantizando así la llegada de las mascarillas y la obtención de ganancias.

El sueldo fijo de Ábalos y los enchufes a empresas públicas

Aldama tenía «a sueldo» al exministro, abonándole 10.000 euros al mes desde 2019 hasta 2022, una cantidad que el propio empresario ha calificado ahora de «simbólica» para que Ábalos «estuviese tranquilo en sus gastos mensuales fijos». En las notas del comisionista figuraban gastos anotados como «K 10.000» o «Grandu 11.500», y los pagos en efectivo (referidos en clave por Koldo como «chistorras», «soles» y «lechugas» para los billetes de 500, 200 y 100 euros) se realizaban a menudo en presencia del propio exministro, quien no sacó dinero de sus cuentas en cinco años porque Koldo asumía sus gastos corrientes.

Este flujo de favores y dinero en B también servía para lograr contrataciones irregulares en empresas públicas, como el enchufe de Claudia Montes en Logirail y el de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec. Sobre esta última, Aldama ha confesado que Ábalos dio la instrucción directa de buscarle y pagarle un piso, gestión que el empresario hizo a través de la sociedad Serma como «una manera para descontar el acuerdo económico que mantenían», una situación de tensión que culminó en una agresión física entre Aldama y Koldo en la oficina de Aldama cuando el empresario se negó a seguir pagando el alquiler.

La financiación ilegal del PSOE: «Sánchez sabía todos los movimientos»

Sin embargo, el destino de las mordidas iba mucho más allá del enriquecimiento personal, apuntando directamente a una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Según la explosiva confesión de Aldama, entregó casi 1,8 millones de euros en concepto de donación entre los años 2019 y 2020. «Si miran las cuentas del partido, hay un pico de donaciones importantes de esos meses», ha explicado el empresario, asegurando que ahí «se podrá ver de dónde viene el dinero».

Aparte, contaban con dinero en metálico proveniente de constructoras que debían pagar en efectivo si querían asegurarse adjudicaciones públicas del Ministerio de Transportes. Koldo le desveló que ese dinero servía para nutrir al partido mediante un sistema de donaciones, asegurándole además que el presidente Pedro Sánchez, a quien Koldo llamaba por teléfono hablándole «como a un colega», «lo tenía claro, sabía todo y todos los movimientos».

El chalet de Cádiz

Uno de los puntos clave del caso ha sido el chalet de La Alcaidesa (Cádiz). Aunque inicialmente se apuntó a una compra directa como soborno, Claudio Rivas, socio de Aldama, informó a la Fiscalía de que él no compró la propiedad para el exministro. La realidad que emerge de la investigación es que Ábalos alquiló la vivienda durante el verano pagando 7.000 euros desde su propia cuenta bancaria. Sin embargo, en septiembre de 2025, fue desahuciado por orden judicial tras dejar de pagar las mensualidades. La propiedad acabó en manos de la empresa Have Got Time, cuya dueña, Leonor González Pano (la mujer que dijo que llevó bolsas de dinero a Ferraz), sostiene que la compró por orden de Aldama para «comprar la voluntad» del ex ministro en la concesión de la licencia de hidrocarburos para Villafuel.

El piso de Jésica

Más allá del chalet, la investigación detalla otro de los focos del juicio a Ábalos: el apartamento de lujo en la madrileña Plaza de España. Jésica Rodríguez, ex amante del entonces ministro, destapó en el Supremo la red de favores personales que rodeaba su relación, confirmando que Aldama abonó 88.000 euros por su alquiler a través de un testaferro. «Me daba igual quién lo pagara, pensaba que era Ábalos, no quería que me echaran», declaró. Jésica señaló a Koldo como «la sombra» que gestionaba esta trama paralela. Koldo evitó el desahucio de Jésica pagando de golpe 3.000 euros, según ha confesado ante el tribunal A su vez, Ábalos abonó su matrícula universitaria, le regaló un iPhone y costeó los 1.200 euros en gastos veterinarios de su gato.