Claves del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama: de qué se les acusa, posibles penas y todos los detalles del ‘caso mascarillas’

El Tribunal Supremo acoge este miércoles 29 de abril de 2026 el esperado juicio a José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el conocido caso mascarillas. Los tres principales acusados se sientan en el banquillo por aprovechar presuntamente los cargos públicos del exministro de Transportes para favorecer a las empresas de Aldama en la millonaria adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, todo ello a cambio de suculentas mordidas y beneficios económicos. La Fiscalía Anticorrupción imputa a los miembros de la siguiente lista de delitos:

1. Integración en organización criminal
2. Cohecho continuado, activo y pasivo
3. Uso de información privilegiada
4. Aprovechamiento de información privilegiada
5. Tráfico de influencias
6. Malversación de fondos públicos
7. Falsedad en documento oficial y prevaricación

Tanto el exministro como su antiguo asesor se encuentran en prisión provisional desde noviembre de 2025 y continúan declarándose inocentes en el arranque de este histórico juicio a Ábalos. Las penas de cárcel a las que se enfrenta cada uno son las siguientes:

• José Luis Ábalos: la Fiscalía solicita 24 años y la acusación popular, 30 años.
• Koldo García: la Fiscalía pide 19 años y medio, mientras que la acusación popular pide 30.
• Víctor de Aldama: afronta la pena más baja, fijada en 7 años.

El organigrama principal del ‘caso mascarillas’

La décima jornada del juicio ha estado marcada por la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El teniente coronel Antonio Balas, jefe de investigación económica y anticorrupción de la UCO, ha sido tajante al definir el rol de cada integrante de la red:

• Ábalos: la UCO señala que el ex ministro era una pieza «fundamental» sin la cual la organización no habría podido operar. Fue quien tomó la «decisión última de contratar» a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, para el suministro de 8 millones de mascarillas.
• Koldo: ejercía como «correa de transmisión» entre el empresario y el ministro. Según los investigadores, Koldo manejaba una «contabilidad A» (gastos oficiales) y una «contabilidad B» (gastos de origen ilícito) para administrar el dinero del ex político.
• Aldama: a pesar de no ostentar ningún cargo público, el empresario dominaba la trama porque era «quien pagaba y quien exigía», según detalló la Guardia Civil ante el Supremo. Disfrutaba de libertad total para entrar al Ministerio y demandaba «salvoconductos» para sus allegados durante el confinamiento.

Sueldo fijo, «chistorras», «soles» y «lechugas»

Aldama tenía «a sueldo» al ex ministro, abonándole 10.000 euros al mes desde 2019 hasta 2022. En las notas de Aldama, figuraban gastos fijos anotados como «K 10.000» o «Grandu 11.500». A su vez, la red ejercía presiones para lograr contrataciones irregulares en empresas públicas, logrando el enchufe de Claudia Montes en Logirail y el de la propia Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

Además, dos capitanes de la UCO confirmaron en el juicio que el lenguaje en clave de Koldo («chistorras», «soles» y «lechugas») correspondía a billetes de 500, 200 y 100 euros que manejaban en efectivo. El hermano de Koldo incluso llegó a viajar a República Dominicana a por dinero, y el gerente del PSOE, Mariano Moreno, tuvo que testificar negando que esos billetes de 500 euros salieran de la caja del partido en Ferraz. La UCO destacó que Ábalos no sacó dinero en efectivo de sus cuentas en cinco años (2018-2023), asumiendo Koldo sus gastos corrientes.

El chalet de Cádiz

Uno de los puntos clave del caso ha sido el chalet de La Alcaidesa (Cádiz). Aunque inicialmente se apuntó a una compra directa como soborno, Claudio Rivas, socio de Aldama, informó a la Fiscalía de que él no compró la propiedad para el exministro. La realidad que emerge de la investigación es que Ábalos alquiló la vivienda durante el verano pagando 7.000 euros desde su propia cuenta bancaria. Sin embargo, en septiembre de 2025, fue desahuciado por orden judicial tras dejar de pagar las mensualidades. La propiedad acabó en manos de la empresa Have Got Time, cuya dueña, Leonor González Pano (la mujer que dijo que llevó bolsas de dinero a Ferraz), sostiene que la compró por orden de Aldama para «comprar la voluntad» del ex ministro en la concesión de la licencia de hidrocarburos para Villafuel.

El piso de Jésica

Más allá del chalet, la investigación detalla otro de los focos del juicio a Ábalos: el apartamento de lujo en la madrileña Plaza de España. Jésica Rodríguez, ex amante del entonces ministro, destapó en el Supremo la red de favores personales que rodeaba su relación, confirmando que Aldama abonó 88.000 euros por su alquiler a través de un testaferro. «Me daba igual quién lo pagara, pensaba que era Ábalos, no quería que me echaran», declaró. Jésica señaló a Koldo como «la sombra» que gestionaba esta trama paralela: no sólo evitó su desahucio pagando de golpe cuatro meses de atrasos, sino que ejerció de conseguidor abonando su matrícula universitaria, regalándole un iPhone y costeando los gastos veterinarios de su gato.