Una denuncia de 2020 apuntaba a «Presidencia del Gobierno» por los contratos con los socios de Koldo

Una denuncia presentada en 2020 ante el Tribunal de Cuentas requería al organismo fiscalizador que se solicitase «determinada información» a «la Presidencia del Gobierno» sobre las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que ahora implican por presunto cobro de comisiones a Koldo García, uno de los asesores del ex ministro José Luis Ábalos.

El procedimiento en el Tribunal de Cuentas se inició ya en septiembre de 2020, y a él concurrieron tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía para defender las contrataciones del Gobierno con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, uno de los principales adjudicatarios de material sanitario del Gobierno en la pandemia y que llegó a recibir contratos de hasta 53 millones de euros de distintas administraciones.

Estas abultadas adjudicaciones levantaron ya las sospechas en aquellos meses críticos. En un auto del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se detallan los motivos que llevaron al denunciante a iniciar el procedimiento por la falta de «control» en las operaciones.

Denuncia

En la denuncia se llama la atención sobre los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con la empresa en torno a la que giran las investigaciones que involucran a Koldo Garfcía.

Se dice, por ejemplo, que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL «no tenía dedicación a temas sanitarios sino a la intermediación en el comercio de productos diversos» y que «estaba administrada por la empresa Purdey Investment, SL, que figura como deudor fallido de la Agencia Española de Administración Tributaria». Asimismo, se destacaba que «el administrador único de la citada compañía es propietario, copropietario o directivo de al menos veinte sociedades, algunas de las cuales están situadas en paraísos fiscales».

Pese a ello, «esta adjudicación, realizada por Puertos del Estado, fue aceptada por el presidente de dicha entidad dos días después de que la misma hubiera realizado un pago, sin previa garantía que se conozca, muy superior al capital social de la empresa adjudicataria y al de la que la administraba». Igualmente, según hacía constar el denunciante, «en la adjudicación del suministro de mascarillas derivada de la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, el Ministerio otorgó un anticipo de aval por el importe del 50% del suministro de mascarillas».

También se detalló que las mascarillas se habrían adquirido «a través de un testaferro o fiduciario especializado en crear estructuras opacas, ajenas al control del fisco español» y que Puertos del Estado «adquirió más mascarillas de protección de las que necesitaba, por lo que tuvo que repartir el sobrante entre otras entidades públicas», que «las mascarillas de protección se adquirieron a un precio excesivo, provocando por tanto un sobrecoste en perjuicio de los fondos públicos» y que «la decisión de contratar a través de una empresa intermedia, en lugar de directamente por el Estado, generó la obligación de abonar comisiones que encarecieron la operación».

Tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal rebatieron estos argumentos ante el Tribunal de Cuentas, afirmando por ejemplo que el precio pagado por las mascarillas había sido «correcto», sin apreciarse «desproporción» entre el «precio pagado y el de mercado»; que los hechos no suponían «menoscabo de fondos públicos» ni cabría «apreciar dolo o negligencia grave en las personas contra las que va dirigida la acción pública, ya que actuaron en el contexto de una situación desconocida, de extrema gravedad y que exigía una respuesta inmediata».

El Tribunal de Cuentas acabó inadmitiendo la acción pública al entender que los hechos denunciados no habrían «supuesto una vulneración de la normativa reguladora de la gestión económico-financiera de los fondos públicos ni un menoscabo en bienes y derechos de titularidad pública». Con ello, no se atendió tampoco la petición de solicitar «determinada información a la Presidencia del Gobierno», como se requería, sobre la empresa vinculada a Koldo García.

Investigación

La investigación analiza ahora los contratos de distintos ministerios del Gobierno -Transportes, Interior y Sanidad- además de administraciones autonómicas del PSOE -Canarias y Baleares-, con la empresa, epicentro del caso Koldo.

Precisamente, un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares sobre la compra de mascarillas a esta empresa subraya que ésta nunca había tenido contratos de suministro de material de protección sanitaria antes de la declaración del estado de alarma. La sociedad limitada Purdey Investment, que figuraba como administrador único, tenía a su vez como administrador a José Ángel Escorial, quien, según recoge la Oficina Anticorrupción, fue investigado en el caso de los Papeles de Panamá por la propia Audiencia Nacional en 2019 en el marco de unas pesquisas sobre posibles pagos de sobornos de la empresa Mercasa a funcionarios públicos en Angola.

Asimismo, las mascarillas adquiridas por el Gobierno de Baleares resultaron ser de calidad insuficiente para ser consideradas de tipo FFP2, por lo que el Gobierno balear acabó reclamando a la empresa una indemnización y el material quedó guardado como reserva en un almacén, donde aún permanecen. También por parte del Gobierno central se reclamó la reposición de miles de mascarillas que presentaban defectos.

Adjudicaciones

Según las primeras estimaciones, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL recibió contratos por importe de 53 millones por la compra de material sanitario, obteniendo un beneficio final de 9,5 millones.

De ellos, la mayor parte fueron adjudicados por el Ministerio de Transportes -36,5 millones-, a través de Adif y Puertos del Estado. La contratación se hizo sin concurso público, justificándola en la situación de emergencia del momento.

En la operación se ha detenido a una veintena de personas y se han practicado 26 registros en Madrid, Murcia, León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura.

Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó la puesta en libertad y la retirada del pasaporte para Koldo García, además de para el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, detenido también en la compra de mascarillas en pandemia. El asesor de Ábalos se negó a declarar. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra García por el incremento «notable» de su patrimonio, entre 2020 y 2022. Pasó a ser titular de bienes muebles e inmuebles por más de 1,5 millones de euros.