Sabían que era ilegal: el socio de Zapatero borraba los mensajes para no dejar rastro de la trama corrupta

Julio Martínez Martínez, el lugarteniente principal de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama investigada de Plus Ultra, borraba de forma sistemática los mensajes que intercambiaba con el ex presidente.

El magistrado José Luis Calama Teixeira, de la Audiencia Nacional, lo ha documentado en el auto de este martes que autoriza los registros practicados este martes en cuatro domicilios de la capital. La desaparición deliberada de esas conversaciones, unida a otras conductas de ocultación acreditadas en la causa, constituye para el juez un indicio de que los investigados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actuaciones.

El magistrado ha reconstruido el patrón a partir de las conversaciones que sí han podido ser recuperadas. En ellas, terceras personas reenvían a Martínez Martínez mensajes que este debía trasladar a Zapatero, y que van precedidos de fórmulas reveladoras: «Presidente, le reporto las novedades» o «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto».

Esas mismas conversaciones concluyen con expresiones como «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente», lo que el juez interpreta como prueba de que el destinatario real de los mensajes era el ex presidente socialista, pese a que su nombre no aparece en los registros del teléfono intervenido.

Mensajes borrados a Zapatero

El auto señala que Martínez Martínez «elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que escribe a José Luis Rodríguez Zapatero», una conducta que se infiere precisamente de los huecos y asimetrías detectados en las conversaciones recuperadas por los investigadores.

La estrategia de ocultación no se limitaba a los mensajes. El auto documenta también que se evitaba dejar constancia escrita de la presencia conjunta de ambos.

Así, cuando Martínez Martínez acompañaba a Zapatero en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Cristóbal Cano, gestor del entramado societario, transmitía a la secretaria del ex presidente las instrucciones precisas: «Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado».

Una precaución que delata, por sí sola, la voluntad de los investigados de mantener en la penumbra una relación cuya visibilidad pública consideraban comprometedora.

Facturas de conceptos pactados

La misma lógica de ocultación premeditada impregna la operativa financiera de la red. Los correos electrónicos intervenidos muestran que la secretaria de Zapatero, Gertru Alcázar, no emitía facturas por servicios prestados, sino que consultaba previamente a Cano qué conceptos debía consignar y qué importes reflejar.

El intercambio más elocuente data del 22 de septiembre de 2021. Alcázar preguntó a Cano si debía emitir una o varias facturas por importe de 20.000 euros y qué conceptos incluir.

Cano respondió facilitando los epígrafes del supuesto servicio, la imputación trimestral y las cuantías exactas. Seis meses después, el 29 de marzo de 2022, Alcázar volvía a consultar: «Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada».

El patrón se repitió con una regularidad que el magistrado califica de «modus operandi estable y reiterado». El 21 de marzo de 2022 se propuso directamente «ir consensuando los conceptos» de las nuevas facturas que había que emitir.

El juez concluye que toda esta operativa evidencia «una facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental» que diera apariencia de legalidad a los pagos.

Antecedentes de la causa

La investigación arranca formalmente en 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoó las diligencias previas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, posteriormente inhibidas a la Audiencia Nacional.

Los primeros registros se practicaron el 11 de diciembre de 2025 en los domicilios de Rodolfo Reyes Rojas y otros investigados vinculados a Plus Ultra Líneas Aéreas, la aerolínea que recibió un rescate público de 53 millones de euros en marzo de 2021. De ahí proceden muchos mensajes rescatados que los incriminan.

La colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) ha sido determinante. A través de los mecanismos de cooperación policial internacional, la HSI puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF la extracción telefónica de un dispositivo perteneciente al investigado Rodolfo Reyes, cuyo contenido ha nutrido en parte la instrucción.

El auto recoge también la conducta de los directivos de Plus Ultra, que discutían abiertamente en sus conversaciones privadas la naturaleza venal del acuerdo.

El 16 de junio de 2020, Rodolfo Reyes preguntó a Roselli si «la boutique financiera te habló de costos», a lo que este respondió: «Todavía no, pero ya nos habló de ella, jajajajajaja. Pues si saca algo merece el pago». La jocosidad con que los investigados se referían al soborno contrasta con el cuidado quirúrgico con el que, en paralelo, eliminaban las trazas digitales de sus acuerdos.

Un perito judicial concluyó que Plus Ultra llevaba ya un año en situación de insolvencia cuando obtuvo el rescate. La aerolínea presentó además certificados de estar al corriente con la Seguridad Social qu4e la Tesorería General desmintió a requerimiento judicial: tenía una deuda de 451.954,79 euros que se remontaba a julio de 2017.