La red «ilícita» de Zapatero le reportó 1,9 millones a él y sus hijas en comisiones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio, tras acreditar que él y su entorno más inmediato —incluidas sus hijas— habrían recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

El magistrado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones del denominado caso Plus Ultra y ha autorizado el registro de la oficina del ex presidente y de otras tres empresas vinculadas a la investigación.

Según el auto de 85 páginas, la sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas.

Gate Center, otra de las sociedades del entramado, de la órbita de China, habría enviado 352.980 euros al ex presidente y 171.727 euros adicionales a Whathefav.

Por su parte, el grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habría transferido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros más a la sociedad de sus hijas.

El resultado es una cifra total de 1.948.857 euros canalizados hacia el círculo más próximo del ex líder del PSOE.

Parapetos opacos

Para ocultar el origen de estos fondos, la trama habría recurrido a lo que el juez describe como una auténtica parafernalia documental: contratos de asesoría y consultoría elaborados ad hoc, sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, y una sociedad off-shore en Dubái, Landside Dubai Fzco, participada al cien por cien por la española Idella Consulenza Strategica.

Esta última firmó con Plus Ultra un contrato el 19 de enero de 2021 para cobrar el 1% del rescate —530.000 euros—, apenas siete días antes de que se iniciaran las gestiones para constituir Landside en los Emiratos Árabes Unidos.

El juez considera que «la proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros —sin constancia del pago en España— refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español».

La investigación ha acreditado además que los investigados conocieron la concesión de la ayuda antes de su aprobación oficial. En febrero de 2021, dos de ellos celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda a Plus Ultra semanas antes de que el Consejo Gestor de la SEPI la aprobara formalmente, el 9 de marzo de ese año.

Zapatero investigado

El caso no se limita a España. El auto señala que la estructura investigada articuló también una segunda línea de influencia ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela —el INAC— para asegurar a Plus Ultra autorizaciones de vuelo en ese país.

El juez considera que esta línea y la española constituyen un único delito de tráfico de influencias «por identidad de sujetos activos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica».

En cuanto al posible blanqueo de capitales, Calama advierte de que el patrón detectado encaja con «la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real y la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero».

El juez ha rechazado, no obstante, el registro del domicilio particular del ex presidente solicitado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, al considerar que «la amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado».

El caso Plus Ultra arrastra una larga historia judicial. La concesión del rescate de 53 millones a la aerolínea en marzo de 2021, durante el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, levantó desde el primer momento dudas sobre la solidez financiera de la compañía y la regularidad del proceso. Lo que entonces era una controversia política es hoy una investigación penal con el ex presidente sentado —por primera vez en la historia de España— en la posición de investigado.

La citación para el 2 de junio a las 9 horas convierte esa fecha en una de las más delicadas de la historia política reciente de España. Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011, deberá responder ante un juez por primera vez. El dinero, como casi siempre, ha dejado un rastro.