Zapatero ordenó crear una ‘offshore’ en Dubái para cobrar 530.000 € del rescate de Plus Ultra sin dejar rastro

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero tras concluir que lideró una red organizada de tráfico de influencias orientada a obtener para la aerolínea Plus Ultra los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Según el auto, de 85 páginas, Zapatero habría ordenado además la creación de una sociedad en Dubái para canalizar parte de ese dinero fuera de España y sin dejar rastro, una operación que el magistrado vincula también con un posible delito de blanqueo de capitales.

La resolución, que levanta el secreto de las actuaciones, ordena asimismo el registro de la oficina desde la que Zapatero ejerce sus funciones como ex presidente, así como de otras tres mercantiles vinculadas a la investigación. El juez ha rechazado, en cambio, registrar su domicilio particular.

El instructor describe la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Esa red habría operado, según el auto de 85 páginas, mediante «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para ocultar el origen y el destino de los fondos.

El papel central lo habría ejercido Julio Martínez Martínez Julito, descrito como interlocutor habitual de los clientes, receptor de instrucciones directas de Zapatero y responsable del entramado societario destinado a canalizar los pagos. La gestión cotidiana habría correspondido a Gertru Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina del ex presidente, y a Cristóbal Cano Quiles.

El auto detalla que los directivos de Plus Ultra articularon dos vías de influencia simultáneas para obtener el rescate: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero. Fue esta segunda, según el juez, la que adquirió «un papel predominante» y permitió a la aerolínea «alcanzar los objetivos perseguidos».

La sociedad de Dubái

El elemento más llamativo del auto es la sociedad offshore. Calama ha concluido que Zapatero «impartió instrucciones para la constitución» de la empresa Landside Dubai Fzco —también denominada Landside Middle East Fzco—, íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

Idella había suscrito previamente con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate público, es decir, 530.000 euros. El contrato lleva fecha de 19 de enero de 2021. Apenas una semana después, el 26 de enero, se iniciaron las gestiones para constituir Landside en Dubái.

El juez señala que no hay constancia del pago en España, lo que refuerza «la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español».

Este patrón, afirma Calama, «encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo», especialmente en lo relativo a la «creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia» y la «desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final».

El dinero y las hijas

El auto cuantifica los flujos económicos con precisión. La sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas.

La entidad Gate Center habría enviado otros 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a la misma sociedad familiar. Las sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros adicionales al ex líder del PSOE.

El auto describe a Zapatero como el «principal beneficiario final» de los ingresos de la red, y califica la sociedad de sus hijas como un instrumento más del entramado para disimular el trasvase de fondos mediante «contratos de similar naturaleza».

La investigación ha destapado también que la trama tuvo acceso a información privilegiada antes de que se hiciera pública. En febrero de 2021, dos de los investigados intercambiaron mensajes en los que celebraban la concesión de la ayuda a Plus Ultra. La decisión formal del Consejo Gestor no se produjo hasta el 9 de marzo. Esa anticipación venial —conocer el resultado antes que nadie— es, para el juez, uno de los indicios más elocuentes de la capacidad de influencia real de la red.

El caso Plus Ultra llegó a la Audiencia Nacional en marzo de este año, cuando el juez Calama se hizo cargo del procedimiento tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. La ayuda pública a la aerolínea, concedida en plena pandemia con el argumento de preservar la conectividad con Latinoamérica, ha estado rodeada de polémica desde su aprobación en 2021.

Zapatero ha negado en todo momento cualquier irregularidad. El 2 de junio tendrá que explicar ante el juez una arquitectura financiera que, según el auto, fue diseñada precisamente para que nadie pudiera seguirle la pista.