Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía «sin más dilaciones»

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, considera que el Tribunal de Cuentas está «perdiendo el tiempo» por su intención de recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La defensa de Puigdemont pide al supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado que aplique la norma «sin más dilaciones» y archive el procedimiento contra el ex presidente fugado de la Generalitat.

Puigdemont corre el riesgo de que el Tribunal de Cuentas le condene a pagar una multa de 1,9 millones de euros por malversación. Concretamente, por el desvío de fondos públicos de la Generalitat destinados al referéndum ilegal del 1-O.

El abogado  de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha presentado su escrito ante el Tribunal de Cuentas, que pidió la semana pasada a las partes que les remitiesen sus respectivos informes sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que algunos de sus artículos pueden chocar contra el derecho comunitario.

Boye afirma que el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado «no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)» sobre la amnistía, al no cumplir con el requisito de «independencia que exige la norma europea para considerar que un órgano es jurisdiccional».

La defensa de Carles Puigdemont afirma que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias en esta cuestión al no ser un «órgano jurisdiccional», al tiempo que defiende también que, si llega a plantear la consulta en Europa, esta supere el filtro de admisibilidad o termine «convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables».

«La posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales está reservada a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros, conforme al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)», señala Gonzalo Boye en su escrito. «Si bien el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional y tiene funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, esto no le confiere automáticamente la condición de órgano jurisdiccional», resalta.

Deuda de 3 millones de euros

La defensa legal de Carles Puigdemont responde de esta forma a la providencia que el pasado 11 de junio emitió la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento en la que preguntaba a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a las defensas de los 35 encausados si consideraban que debía plantear una cuestión prejudicial al TJUE una vez que la ley de amnistía se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La providencia fue firmada por la Consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento y encargada de emitir el fallo, Elena Hernáez.

El abogado del líder de Junts, en su escrito, indica que «el sistema de nombramiento de la delegada instructora, al igual que el de los consejeros del Tribunal de Cuentas, no ofrece las más mínimas garantías de independencia e imparcialidad». Añade que el nombramiento de la delegada instructora es realizado por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, «compuesta exclusivamente por personas designadas por las Cortes Generales», algo que, según él, «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva».

Los independentistas se enfrentan a pagar cantidades millonarias si son condenados en este juicio que se sigue en el Tribunal de Cuentas. Las conclusiones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra el reintegro a las arcas públicas en 3,1 millones de euros de manera conjunta y solidaria a 35 ex dirigentes políticos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña, entre ellos Carles Puigdemont. Esta petición se debe a su implicación en el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O, que cifra en 883.695 euros, y la actividad exterior del Govern, que supuso un quebranto de 2.209.503 euros públicos, según el Ministerio Fiscal. Por su parte, la acusación popular ejercida por la asociación Sociedad Civil Catalana reclama al independentismo 5 millones de euros.

El juicio había quedado visto para sentencia, sin embargo, la amnistía lo ha paralizado. La consejera encargada de emitir el fallo planteó a las partes que se pronuncien en relación con una serie de artículos de la amnistía que ya ha sido publicada en el BOE por lo que debe aplicarse.

En cuanto a los preceptos del Derecho de la Unión Europea –cuya interpretación podría pedirse al TJUE por el Tribunal de Cuentas mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial– son los relativos a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE», al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación» y a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de Derecho».