El Supremo suspende temporalmente la citación de Puigdemont por Tsunami tras entrar en vigor la amnistía

El Tribunal Supremo suspende temporalmente las citaciones de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco de la causa Tsunami en la que se investigan los disturbios violentos de los independentistas en respuesta a la sentencia del procés que condenaba a los lídes independentistas. La instructora Susana Polo citó a ambos a finales de junio por videoconferencia, sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de Amnistía que pactó Pedro Sánchez con los independentistas para lograr apoyos para su investidura ha hecho que no se les vaya a tomar declaración por el momento. 

La magistrada de la Sala Segunda ha dictado una providencia por la que suspende temporalmente tanto la Orden de Investigación Europea (OEI), como la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, para citar en la causa al expresidente catalán Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg por Tsunami. La juez toma la decisión en atención a lo que acordó el pasado 11 de junio en la que dio 10 días a las partes personadas para que informasen sobre la entrada de vigor de la Ley de Amnistía. 

Así, el Tribunal Supremo ha tenido que suspender «temporalmente» tanto la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza como la Orden de Investigación Europea que estaba vigente hasta hoy. Lo único que no suspende es la notificación de las resoluciones dictadas en Tsunami a Carles Puigdemont, que hasta la fecha no se ha personado. 

En la providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO se señala además que se ha unido a la causa un escrito presentado por Rubén Wagensberg en el que solicita el archivo de Tsunami, causa en la que también se investiga a Puigdemont por terrorismo. La defensa del político independentista solicita que se le aplique la amnistía que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que ya está en vigor. Ahora, es el turno de los jueces que deben aplicarla en un plazo de dos meses. 

 El futuro de Tsunami

Tsunami es una de las causas pendientes con la justicia que tiene el ex presidente Puigdemont abiertas en España. La instrucción aún no se ha cerrado y las pesquisas judiciales se siguen tanto en la Audiencia Nacional, como en el Tribunal Supremo. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, liderado por Manuel García-Castellón, dirigió la investigación judicial llegando a imputar a los encausados un delito de terrorismo.

El Tribunal Supremo acogió la causa tras elevar el instructor de la Audiencia Nacional una exposición razonada de más de un centenar de folios en la que pedía que asumieran el procedimiento al encontrarse entre los investigados aforados. El Alto Tribunal acogió parte de las pesquisas de Tsunami, en concreto, lo relativo a los aforados Puigdemont y Wagensberg. Ambos se encuentran fugados eludiendo la acción de la justicia.

La amnistía a Puigdemont

La entrada en vigor de la amnistía está provocando que decenas de procesos judiciales repartidos por los tribunales españoles estén en el aire. Los jueces, si tienen dudas sobre cómo aplicar el texto que borrará los delitos de los independentistas, pueden plantear una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos o solicitar al Tribunal Constitucional si la norma es contraria a la Carta Magna. La propia jurisprudencia de la Corte de Garantías —que se creó a raíz de una sentencia del Supremo sobre impuestos de la energía eléctrica— señala que los togados deben plantear primero a Europa su duda.

El primero en dar el paso ha sido el Tribunal de Cuentas, que tiene visto para sentencia el juicio al procés por la responsabilidad contable de más de una treintena de independentistas por organizar el 1-O y financiar la Acción Exterior del proyecto secesionista. La consejera ha preguntado a las partes si debe acudir a los tribunales europeos en un paso previo a armar la cuestión prejudicial que también se ha hecho en el Supremo.

El plazo para presentar los escritos, por el momento, está abierto y la Fiscalía también debe pronunciarse sobre si es pertinente plantear dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes consultadas señalan que así se hará provocando que se paralicen los procedimientos hasta que el TJUE resuelva, sin embargo, no se podrá frenar la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.