Bruselas asume las medidas extremas de la OMS y pone en jaque a miles de familias en España

La próxima conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP11), que se celebrará entre el 17 y 22 de noviembre en Ginebra, debatirá un conjunto de medidas globales sobre productos de tabaco y nicotina.  La Unión Europea ha aceptado ya este paquete de propuestas, que incluye la reducción del número de estancos, el fin de las ayudas al cultivo de tabaco y la eliminación progresiva de la venta de estos productos, entre otras restricciones. 

La decisión de Bruselas de respaldar estas políticas –calificadas de “extremas” por los principales actores del sector– ha encendido las alarmas en España, segundo productor europeo de hoja de tabaco y con una red de más de 13.000 estancos que canalizan más de 9.000 millones de euros anuales en impuestos especiales, equivalentes al 5% de la recaudación estatal. 

Los representantes del sector advierten de que la aplicación de estas medidas supondría un golpe directo al empleo rural y a miles de pequeños negocios familiares, y alertan además del aumento del comercio ilícito que ya se ha observado en países como Francia o Países Bajos tras regulaciones similares. 

El impacto en el campo español

La posible eliminación de las ayudas al cultivo del tabaco –una de las medidas que se debatirán en la próxima COP11– ha generado una profunda preocupación entre los agricultores españoles, especialmente en regiones como Extremadura, donde se concentra la práctica totalidad de la producción nacional. 

En un reciente comunicado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) advierte de que esta decisión “pone en peligro toda la cadena de valor del tabaco en España, que da empleo a 53.000 personas”, desde el cultivo hasta la comercialización. Según la organización agraria, el 98% de la hoja de tabaco española se produce en Extremadura, con un impacto decisivo en las economías rurales. “La desaparición de las ayudas europeas al cultivo supondría un golpe devastador para miles de familias que dependen de esta actividad”, señalan. 

La UPA recuerda además que el tabaco es uno de los cultivos más regulados, fiscalizados y trazables de toda la Unión Europea, y que cumple estrictas normas medioambientales y de control. En su comunicado, subrayan que “la eliminación de estas explotaciones no reducirá el consumo, pero sí abrirá la puerta a productos sin control procedentes de terceros países, afectando a la calidad, la seguridad y los ingresos públicos.”

La organización agraria reclama que la UE “no adopte decisiones que condenen al abandono rural” y pide a Bruselas que reconozca la función económica y social de este cultivo en zonas donde no hay alternativas viables. Para la UPA, la prioridad debería ser “proteger el empleo rural, mantener la actividad agrícola y asegurar una transición justa para los productores” en lugar de medidas punitivas que, en la práctica, trasladarían la producción fuera de Europa.

Los estancos alertan del riesgo para miles de familias y del aumento del comercio ilícito

El anuncio de que la Unión Europea podría adoptar las recomendaciones de la OMS sobre la reducción del número de puntos de venta ha generado una fuerte preocupación entre los estancos españoles. El Gremio de Estanqueros de Cataluña advierte de que esta medida “pondrá en riesgo el sustento de 26.000 familias en nuestro país”, que dependen directamente de la red de estancos y de su actividad económica.

En su comunicado, los estanqueros recuerdan que “los estancos no son simples puntos de venta: son garantes del cumplimiento normativo, del control de accesos a menores y de la trazabilidad del producto”. Por ello, alertan de que cualquier reducción de esta red “abrirá la puerta al comercio ilícito, un problema que ya ha crecido de forma preocupante en otros países de nuestro entorno”. 

El gremio subraya además que el actual modelo español es uno de los más controlados y seguros de Europa, y que gracias a la figura del estanquero se garantiza la recaudación fiscal y la venta regulada, evitando el acceso de los productos a los menores. “Eliminar o reducir el número de estancos no reducirá el consumo, sino que se trasladará la actividad a canales ilegales donde no existe ningún tipo de control”, advierten. 

El Gremio de Estanqueros de Cataluña reclama que las instituciones europeas “escuchen a quienes conocen de cerca la realidad del sector” antes de aprobar medidas que afectarían tanto a los profesionales como a los consumidores. A su juicio, cualquier cambio en el modelo de venta debe hacerse “de forma razonada y consensuada, sin poner en riesgo el tejido económico y social que representan los estancos”.

En la misma línea, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha manifestado su rechazo a la propuesta europea de reducir los puntos de venta de tabaco. En un comunicado la organización asegura que “supondría un grave error y tendría un impacto directo sobre miles de pequeñas empresas y familias que dependen de esta red”. Además, subrayan que los estancos “no son un problema, sino parte de la solución, ya que garantizan el cumplimiento de la normativa, el control de acceso a menores y la trazabilidad de los productos”.

Las medidas que Bruselas prevé debatir en la próxima COP11 también preocupan a los puntos de venta con recargo, un canal legal y regulado que complementa a la red de estancos de España. La Asociación de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR) advierte que estas decisiones “ponen en riesgo la viabilidad económica del negocio y, por tanto, los puestos de trabajo de miles de familias”. La organización ha querido dejar claro que el canal de venta con recargo “tiene un papel esencial en el acceso controlado al producto, especialmente en áreas rurales y localidades pequeñas donde no existen estancos cercanos”.

Aseguran también que su actividad se desarrolla bajo una estricta regulación, en cumplimiento de la Ley del Mercado de Tabacos y con supervisión del Comisionado para el Mercado de Tabacos, y que su cierre o limitación afectaría tanto a la economía local como al control del consumo.

Los puntos de venta con recargo contribuyen a mantener un equilibrio entre control, seguridad y servicio público. La asociación pide a las instituciones europeas que tengan en cuenta la realidad de los pequeños negocios antes de adoptar medidas que puedan romper un modelo que funciona, garantiza el cumplimiento normativo y genera empleo estable.

El contexto europeo y las advertencias del sector

La COP11, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco, pondrá sobre la mesa un conjunto de medidas que endurecen la regulación internacional sobre los productos de tabaco y nicotina.
Entre las propuestas figuran la eliminación progresiva de las ayudas al cultivo, la reducción del número de puntos de venta, restricciones al empaquetado y la posibilidad de limitar nuevos productos alternativos, incluyendo los sistemas electrónicos de nicotina.

La Unión Europea ha manifestado su apoyo a estas líneas de actuación, asumiendo una posición común que —de aprobarse— afectará directamente a los Estados miembros. El sector reclama que las instituciones europeas reconsideren su postura antes de adoptar medidas desconectadas de la realidad económica y social de los países productores y comercializadores, y apuesten por una regulación equilibrada que garantice el control, la trazabilidad y la sostenibilidad económica de las zonas afectadas.

España ante un desafío económico y social

Las decisiones que se adopten en la COP11 y la posición que mantenga la Unión Europea marcarán un punto de inflexión para sectores clave de la economía española.
Lo que se plantea no es solo un debate sobre salud pública, sino también sobre equilibrio territorial, empleo y sostenibilidad del medio rural.

España se encuentra en una situación especialmente sensible: es el segundo productor de hoja de tabaco de Europa, y en regiones como Extremadura esta actividad sostiene miles de empleos directos e indirectos y da vida a comarcas enteras.
Del mismo modo, los estancos y puntos de venta con recargo constituyen una red de más de 13.000 pequeños negocios, que garantizan la trazabilidad de los productos, el cumplimiento normativo y una parte significativa de la recaudación fiscal.

La adopción de medidas extremas –como la supresión de ayudas agrícolas o la reducción de licencias de venta– podría tener un efecto dominó: pérdida de empleo, cierre de explotaciones y comercios, caída de ingresos públicos y crecimiento del mercado ilegal, que ya representa una amenaza creciente en varios países de la UE.

Por eso, las organizaciones afectadas piden diálogo, análisis y sentido común antes de imponer cambios que, según denuncian, “no reducirán el consumo, pero sí desmantelarán un modelo regulado y seguro”.
En su lugar, defienden una transición justa, que combine la protección de la salud con la preservación del tejido económico y social que depende del tabaco en España.

La decisión está ahora en manos de Bruselas, pero las consecuencias se sentirán sobre el terreno. En los pueblos que viven del cultivo, en los barrios donde el estanco forma parte del comercio de proximidad, y en los pequeños negocios que cumplen con las normas y mantienen el control.
El debate está abierto: Europa busca endurecer su política sobre el tabaco; España, simplemente, intenta que ese cambio no deje atrás a miles de familias.