Bildu exigirá a Sánchez «reparar» a 4.000 «torturados» y «víctimas del terrorismo de Estado»

La autodenominada Ley de Memoria Democrática fue uno de los pactos entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en la pasada legislatura. El voto de la formación proetarra fue decisivo para que esa ley, una de las banderas del PSOE, pudiese salir adelante en el Congreso. Ahora, Bildu aspira a extender su aplicación y ampliarla a «todas las víctimas de todas las fases históricas que aún siguen sin ser reconocidas», como lo que han dado en llamar «terrorismo de Estado». Así consta en el plan político de Bildu para esta legislatura, en la que, una vez más, el partido ejercerá de socio preferente de Sánchez.

La intención de Bildu es abarcar a las víctimas de «tortura», las del «terrorismo de Estado» y las de «los grupos ultraderechistas, aportando garantías y haciendo efectivo el derecho a la Justicia para todas ellas».

Bildu sostiene que durante el «conflicto político» en el País Vasco -mismo término que recoge la Ley de Amnistía registrada por el PSOE sobre el independentismo catalán- se produjeron «cerca de 400 asesinatos» -sin que esas víctimas, denuncian, hayan sido reconocidas ni sus culpables condenados-, así como «miles de torturados». En concreto, acusan al Estado de la práctica sistemática de la tortura a «4.000 personas».

Para todas ellas, Bildu exige ahora un «reconocimiento» y una «reparación», y lo defienden recurriendo a un término familiar para Pedro Sánchez: la «convivencia». «Reafirmamos el compromiso de Bildu para seguir trabajando y avanzando en el camino de la convivencia desde el respeto, la empatía y la construcción compartida, haciendo aportaciones que acompañen y refuercen el proceso que la ciudadanía vasca y todos sus agentes estamos recorriendo para un presente y futuro en paz y convivencia», sostienen los proetarras en sus documentos.

No es casual que la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, reivindicase en el discurso de investidura de Pedro Sánchez la figura de dos líderes de Herri Batasuna asesinados por los GAL, Santiago Brouard y Josu Muguruza. «Somos una nación sedienta de antifascismo», clamó la dirigente proetarra desde la tribuna. Bildu extiende esa persecución más allá del llamado «terrorismo de Estado» o «guerra sucia» contra ETA, hasta las supuestas «torturas» sufridas, aseguran, por terroristas y proetarras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante décadas. Se basan para ello en el informe encargado en su día por el Gobierno vasco al forense de cabecera de Sánchez, Paco Etxeberria -responsable también de las exhumaciones en el Valle de los Caídos-, que cifró en 4.009 los casos de supuestas torturas en el País Vasco desde 1960, por parte de la Policía, la Guardia Civil y la Policía autonómica vasca. Denuncias que han sido dadas por buenas aun sin existir sentencia judicial.

Amnistía

La opacidad de la negociación entre el PSOE y Bildu para la investidura de Pedro Sánchez es total. No en vano, es el único acuerdo que no se ha publicitado. De ahí que Alberto Núñez Feijóo lo calificase durante su intervención en el Congreso de «pacto encapuchado» y reclamase a Sánchez conocer si incluye una «amnistía etarra».

Y es que la posibilidad de que Bildu aproveche el trámite de enmiendas de la Ley de Amnistía del PSOE para beneficiar a los condenados de ETA es una inquietud que no esconden en la oposición. Este periódico ya reveló cómo el partido de Otegi quiere aprovechar la nueva legislatura de Sánchez para acelerar la excarcelación de etarras por la vía de la progresión de grado.

Desde Bildu ya han advertido al socialista que su apoyo a la investidura no es «un cheque en blanco», que es hora de «cerrar la fase de la imposición» y abrir la del respeto a la «plurinacionalidad». O dicho en otros términos, de celebrar un referéndum para construir la «república vasca».

«Debe ser la legislatura para abrir nuevos caminos que otros Estados como el Reino Unido y naciones como Escocia ya están recorriendo: el de la democracia», señaló Aizpurua. «Hoy con nuestros seis votos, Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico», argumentó la portavoz, condenada por enaltecimiento de ETA.

Sánchez recogió el guante y se mostró partidario de explorar el debate sobre el modelo territorial de España, asegurando que la Constitución debe ser «interpretada de acuerdo con el tiempo vigente».

«Nuestra Constitución dispone de los resortes necesarios para abordar estos debates (…) nos abre el camino para reconocer la singularidad del pueblo vasco», asumió el socialista.