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Belarra relaja el código ético de Podemos: los condenados no dimitirán si existe un «contexto de acoso»

Podemos Constitución
Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

Ione Belarra va a cambiar el código ético de Podemos para que cargos del partido condenados por la Justicia no tengan que dimitir si existe un «contexto de acoso judicial» por parte de otros partidos políticos u otras plataformas. La más que posible sucesora de Pablo Iglesias al frente de la formación ha hecho así aún más laxo el documento que rige el destino de los dirigentes morados con problemas judiciales.

Tras asegurar «el compromiso de renuncia al cargo en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos (…)», Ione Belarra ha añadido, tal como adelanta OKDIARIO que «este precepto deberá aplicarse con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

Un cargo de Podemos inicialmente tenía que dimitir «en caso de ser imputado, procesado o condenado». Pero como decenas de cargos de la formación han sido imputados y se han agarrado al sillón, ahora la formación retocará su código de conducta para adecuarlo a sus intereses. En este punto reconocerán abiertamente que dirigentes como Isa Serra, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez o los involucrados en el Caso Neurona, que han sido condenados o podrían serlo próximamente, pueden permanecer en el partido y en las instituciones públicas. Justo todo lo contrario de lo que propugnaron al crear Podemos y que exigieron al resto de formaciones políticas.

Código ético antes de la modificación
Código ético original de Podemos.

Podemos cambió posteriormente ese código para que la dimisión se produjera al ser únicamente «procesado o condenado» por delitos de «corrupción, económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos».

Sin embargo, Ione Belarra relaja ahora este compromiso y, aún con condena en firme, puede haber «matizaciones» que permitan la permanencia en los puestos orgánicos e institucionales. De hecho, se han incluido tres menciones a la guerra judicial (lawfare) en el nuevo código ético de Podemos que entrará en vigor tras las votaciones de la Cuarta Asamblea Estatal de Podemos en las próximas semanas.

Aforamientos

La también ministra de Derechos Sociales se agarra igualmente a la supuesta guerra judicial para permitir los aforamientos en Podemos. Así los políticos morados no serán juzgados en tribunales ordinarios y sí ante instancias superiores como el Tribunal Supremo. Ante la existencia de «un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho» se relaja la obligación que había hasta ahora de renunciar a «cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición y al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial». Otra nueva falta de coherencia con las bases fundacionales del partido morado.

Pablo Echenique Eduardo Inda
Pablo Echenique, en imagen de archivo.

Echenique

A la vista de estos cambios, Podemos esgrimirá «un contexto de acoso judicial» y «lawfare» para excusar a sus cargos condenados de dimitir. Por ejemplo, el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ya tiene dos condenas a sus espaldas y, a pesar de ello, no ha renunciado a su puesto político.

El diputado por Zaragoza fue condenado en firme por la demanda puesta por la Administración contra el ahora parlamentario por el caso de su empleado. Tiene pendiente pagar 11.000 euros de multa por no dar de alta a un asistente personal en la Seguridad Social.

Posteriormente también fue condenado a pagar 80.000 euros a la familia de un hombre asesinado al que tildó de ser el «violador» de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. Sin embargo, al no existir ninguna condena contra el hombre, su familia llevó a juicio al dirigente morado por un delito contra el honor. Ahora, con los retoques en el documento ético de la fuerza política, tiene vía libre para seguir en su puesto hasta un máximo de ocho años, que pueden ser prorrogados si se aprecian circunstancias excepcionales.

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