Iglesias blinda a sus imputados: Podemos reformó su Código Ético para que no tuviesen que dimitir

El secretario de Comunicación de Podemos y mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma Del Olmo, ha sido imputado junto al tesorero y la gerente de la formación por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal. Gracias a un cambio introducido por Pablo Echenique en el Código Ético del partido esa imputación no implicará la renuncia al cargo. Del Olmo, además de su cargo en el partido, forma parte del organigrama de la vicepresidencia segunda como asesor de Comunicación.

De las promesas que la formación morada hizo en sus comienzos queda muy poco. Así ocurre también con el reglamento interno del partido que, en un principio, se redactó para que fuese muy severo respecto a las actitudes que debían tener los miembros del partido y que, poco a poco, fue suavizando sus exigencias.

En sus orígenes, la formación de Pablo Iglesias recogía expresamente en su Código Ético que «el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado».

Sin embargo, una modificación del año 2018 cambió esta norma de manera significativa: eliminó la palabra imputado. Esta variación es a la que pueden acogerse los ahora imputados para permanecer en sus puestos de trabajo.

Este cambio fue impuesto por el que era en aquel entonces secretario de organización del partido, Pablo Echenique, que también fue beneficiado por ello al ser investigado por tener sin contrato a su asistente social.

Sin embargo, y a pesar de que las condenas sí se incluyen en la obligatoriedad de dimitir, Echenique tampoco lo hizo cuando
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó la sentencia dictada en primera instancia que estimaba la demanda puesta por la administración contra el ahora diputado, que tuvo que pagar 11.000 euros de multa.

En sus inicios, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reiteraba que los imputados tenían que dimitir, aunque admitía también que «esa solución no bastaba» porque el problema «no tiene que ver con manzanas podridas», sino con «estructuras de poder corruptas». «Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es que gobierna la mafia y los ciudadanos tienen que organizarse para barrer a la mafia», declaraba, en el inicio de la andadura de su proyecto político.

Imputación de la cúpula

El magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.

Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

La investigación se centra sobre todo en la supuesta implicación de Del Olmo en la contratación irregular con una agencia de comunicación para la campaña del 28-A.

También están citados la gerente de la formación, Rocío Val y el tesorero, Daniel de Frutos, además de una responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

Asimismo, están citados responsables de los proveedores de la campaña del partido. El juez también pide información a la Policía Nacional sobre las sociedades en las que Juan Carlos Monedero tiene algún tipo de responsabilidad.

‘Caja B’ Podemos

El ex jefe del equipo jurídico de Podemos declaró como testigo el pasado 30 de julio, durante tres horas por videoconferencia desde Barcelona, ante el instructor y ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.

El letrado enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra Podemos. En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaba siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral Perales, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. Los fondos económicos de la misma procedían de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó irregularidades al observar que esta «Caja de Solidaridad» estaba siendo utilizada por Rafael Mayoral para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada y solicitó 50.000 euros.

Neurona

Así mismo, Calvente también recordó a Juanma del Olmo –actual director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias– que decidió contratar a la agencia Neurona Consulting para la campaña de la formación en las elecciones municipales de mayo de 2019.

El fundador de la empresa mexicana Neurona Consulting reconoció en Facebook financiar con dinero obtenido gracias a Evo Morales partidos políticos de izquierda en otras partes del mundo, como Podemos en España.

Las sospechas se centran en el sistema de microdonaciones. A pesar de que el partido de Pablo Iglesias está en claro retroceso electoral con una caída de militantes, registró un récord de recaudación para sufragar sus últimas campaña electorales. Ahora, los investigadores se plantean que el dinero del país andino acabó en las cuentas de Podemos. El jefe de Neurona publicó un mensaje en la red social, que posteriormente fue borrado.