Un ‘autoreferéndum’ para independizarse de España con DNI español

Pese a todas las prohibiciones legales, los autos judiciales y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el separatismo catalán insiste en que el 1 de octubre de 2017 se celebró, en Cataluña, un ‘autoreferéndum’ ilegal. Una suerte de consulta ‘autoorganizada’, insisten los testigos, donde las garantías electorales que deben regir cualquier convocatoria de comicios, en cualquier Estado de Derecho, real, brillaron por su ausencia. 

El clímax del despropósito fue la comparecencia del entonces consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, para anunciar, a eso de las 8 de la mañana, que el Govern – tras su incapacidad para poner en marcha un sistema de control de votaciones ordinario y eficaz- implantaba la operativa del censo universal para que los más de cinco millones de catalanes llamados a votar pudieran hacerlo en cualquier colegio electoral. Quedaba inaugurado el bochorno mayúsculo de personas votando varias veces, a lo largo del día, y en diferentes centros; y, las pruebas gráficas que documentaron cómo se interceptaron urnas llenas de papeletas, antes de que éstas fuesen introducidas en su correspondiente espacio escolar. 

El plan B activado, había quedado al descubierto unos cuantos meses antes, a principios del año 2017, cuando el juez Santiago Vidal revelaba a la opinión pública que los datos fiscales de todos los catalanes obraban para entonces en poder de la Generalitat. Algo que, en sí mismo, ya era una flagrante ilegalidad. El Gobierno de una región de España incautándose, subrepticiamente y en su condición de españolidad, de información blindada por la Ley de Protección Bases de Datos del mismo Gobierno español al que decía denostar.

La paradoja del 1-O fue que se diseñó un sistema informático para votar, en base a un censo universal, que pedía el número del DNI español de los votantes para validar su votación

«Sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas», aseguraba Vidal. Y así sucedió. Aunque los sistemas informáticos fallaron durante buena parte de la jornada, frustrando su misión inicial, lo que ya resulta innegable -a tenor de lo expuesto en la Sala por quienes se han sentado a declarar hoy, en esta 42ª sesión- es que «la plataforma [tecnológica diseñada para la ocasión] pedía el número de DNI [español] y te decía si una persona ya había intentado votar o lo había hecho plenamente, con anterioridad».

«Era una cosa muy escueta, muy reducida, una pequeña pantallita donde había que poner un número y una letra», abunda el testigo que lo explica, en respuesta al abogado de la acusación popular de Vox.  Para instalarlo «a la gente congregada en la puerta le pedimos que trajeran de su casa un ordenador».

Sorprende que en la intención de desmembrarse de un Estado español, opresor y malvado, que no les dejaba votar, los separatistas recurriesen a validar la participación de los votantes de un censo universal, en base a un documento oficial de ese mismo ogro estatal al que trataban de derrotar. Qué más da el cómo, debieron pensar los testigos que inciden, una y otra vez, en la idea de votar como fin -olvidando que el voto es un medio de participación de los ciudadanos en la actividad política- y reiteran a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que «la voluntad de votar no podía, en ningún caso, ser discutida».

Así se lo manifestaron a los binomios de los Mossos que les informaban sobre su obligación de cumplir con el mandamiento judicial dictado para cerrar los colegios, mientras limitaban su intervención a la apertura de actas administrativas que acabaron confinadas en un cajón cualquiera. No hubo una colaboración leal de los miembros de la policía autonómica con sus compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional, ni demasiado ímpetu por trabarla.

Algunos testigos relatan que las urnas llegaron de la mano de ciudadanos particulares «disfrazados» (con la cara semitapada) en coches particulares

La calidad no importaba para nada. Lo relevante, el 1-O, era la cantidad. Los números como esencia del referéndum. No podían ser malos. El ‘queremos votar’ se convirtió en un ejercicio, por exceso, de práctica democrática, que no debía fracasar, erigida en estrategia de presión frente al Estado español. Los separatistas hicieron lo necesario. Para eso las papeletas eran suyas; las urnas, también; los voluntarios eran afines; el recuento lo hacían ellos mismos; la logística, la coordinación y la seguridad la ponían voluntarios simpatizantes…

El éxito total de depositar insondables papeletas en urnas de plástico -bajo la atenta mirada de los observadores internacionales, llegados para la ocasión, y los Mossos- fue para los testigos que relatan lo que presenciaron, en el día de autos, «un gran acto de libertad de expresión y derecho a decidir». La euforia y los nervios pudieron más que la tensión y el miedo en una jornada convertida en el día más importante de la vida de muchos, según narran ellos mismos.

Poco más allá del apunte superficial queda la aparición de las urnas que llegaron, en la mayoría de los casos, de la mano de una persona «disfrazada», según apunta un testigo, o individuos embozados, confirma otro. Dentro de «una especie de bolsas de plástico» las bajaron de un «coche particular» que conducía «un ciudadano particular», a las 7 de la mañana de forma puntual. «Mira las urnas ¡qué bien!», ironiza la Abogacía del Estado. Y mientras tanto, otros, tan tranquilos, desayunando no butifarras, no, «churros con chocolate» -castiza costumbre- explican ante el tribunal, antes de ir a votar.