Así es la intervención en Cataluña: destitución del Govern y control pleno de todas sus funciones

El Gobierno acaba de presentar su mapa de control de la Generalitat: Hacienda, Interior y los principales servicios públicos -como adelantó OKDIARIO- quedan dentro del paraguas de aplicación de un esquema que permitirá a los hombres de Rajoy evitar cortes en los servicios clave y minimizar la sensación de intervención entre la población, pero sí erradicar las ilegalidades en los departamentos en los que el Govern había apoyado el proceso de sedición y ruptura con España. 

El Gobierno no ha querido dejar detalles al azar y ha optado por una sustitución en bloque del equipo de gobierno de la Generalitat, con vistas a una celebración de elecciones autonómicas lo más rápidamente posible y, en concreto, dentro de un plazo máximo de seis meses al que se espera no llegar y poder convocar elecciones para el mes de enero. Una sustitución del Govern que empieza por su presidente, Carles Puigdemont. PP, PSOE y Ciudadanos han pactado la destitución en bloque de los consejeros y el traspaso de sus funciones a los Ministerios de las distintas competencias autonómicas.

El esquema de control, que deberá pasar al Pleno del Senado del viernes para ser aprobado definitivamente por la Cámara, se apoyará en cada una de estas áreas en un trabajo conjunto de secretarios de Estado y subsecretarios con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley bajo un principio de intervención mínima y de evitar cualquier problema para los administrados. «Legalidad, neutralidad, convivencia, crecimiento económico» y «convocar elecciones», así lo ha resumido el presidente Rajoy.

Pese a que este esquema desemboca en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios -presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría- en primera instancia, como paso de coordinación previo, el órgano encargado de definir todas las actuaciones será el Consejo de Ministros, según se desprende del reparto de áreas. Un diseño que otorgará el poder final al presidente del Gobierno.

A partir de ahí, Seguridad -el control de los Mossos-, Economía, el control y vuelta a la neutralidad de las telecomunicaciones y el mantenimiento de los servicios públicos, centran el plan de actuación. Dentro de todo ello se incluye el control del Centro de Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI).

Una coordinación central y varias áreas han sido definidas como especialmente delicadas dentro del plan de control prioritario.

La presencia en Cataluña será una de estas piezas clave: su papel visible se mantendrá a través de las autoridades habituales del Estado, aunque las decisiones se impulsen desde el Consejo de Ministros. El presidente Rajoy, de hecho, asume la potestad de convocar las elecciones autonómicas. Bajo esta función de coordinación de la Presidencia catalana deberán vigilarse dos cuestiones más muy relevantes. La primera, la garantía de que el área informática de todos los departamentos funcione sin problemas ni sabotajes y que permita su chequeo de cara a obtener datos y pruebas que permitan evaluar la penetración del golpismo en los últimos tiempos y la posible utilización que se haya realizado de datos privados de cara a fabricar las estructurales paraestatales de la Generalitat.

Por otro lado, deberá tener especial cuidado con la utilización realizada hasta este momento de los medios públicos de comunicación, carentes de toda neutralidad y dirigidos de forma evidente a adoctrinar en el separatismo. Para este cometido, contará con el apoyo del Ministerio de Hacienda: a través de los mecanismos de intervención propios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda puede limitar los recursos de un ente de comunicación que con emisión autonómica ha desbordado el gasto de personal de cualquiera de las grandes televisiones privadas de toda España.

El resto de áreas importantes

La primera de las áreas específicas es Interior y su consiguiente control de la Seguridad. Se trata de una competencia especialmente delicada de la que se encargará, en el momento en el que lo ratifique el Senado, el Ministerio de Interior y, dentro de él, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Él es ya el responsable diario de la gestión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, dos cuerpos cuya coordinación con los Mossos es decisiva, especialmente a la vista de constantes cortafuegos existentes en este cuerpo y de la deriva de omisión de su deber de control de la legalidad frente al golpe de estado.

La fuga de empresas y el deterioro económico mostrado en los últimos días en Cataluña apuntan a la necesidad de control inmediato de otra de las áreas clave. Las continuas amenazas lanzadas por la Generalitat de utilización de su Hacienda autonómica como plataforma para la apropiación ilegal de la recaudación del Estado procedente de empresas y particulares apunta en la misma dirección. Hacienda se convierte, de este modo, en otra de las prioridades de control, según el esquema oficial. Su gestión pasa al Ministerio de Cristóbal Montoro, una oportunidad que podrán utilizar sus técnicos para analizar al detalle los mecanismos de utilización de fondos públicos con destino al golpe.

Sanidad, Educación y los denominados Servicios Sociales son otras de las prioridades de control. Ahí el objetivo será doble. Por un lado, garantizar que ninguno de los servicios básicos tenga la más mínima interrupción y que los ciudadanos no perciban bajo ningún concepto un ambiente de ocupación o de situación colonial. Por otro, en la educación especialmente, conseguir erradicar las ilegalidades construidas a lo largo de décadas de conversión de los colegios en centros de adoctrinamiento y auténticas fábricas de separatistas.

Justicia es igualmente otra de las áreas que queda dentro de la intervención. No se trata de un esquema de control, cuestión que no es competencia ni de la Generalitat ni lo será del Gobierno a partir de ahora. Su intervención se limitará a evitar que la gestión de los medios de la Justicia no impidan el correcto y normal desarrollo de los procesos judiciales abiertos en estos momentos. De los procedentes de reclamaciones judiciales habituales y, por supuesto, también, de los últimos procesos abiertos contra el golpismo separatista.

El Gobierno es consciente de que la tensión, especialmente con las actuaciones de control en el área de Interior o Educación, puede crecer y lo último que quiere es que una pérdida de calidad en la gestión de los servicios clave que pudiera servir de mecanismo de protesta y de alimento para el separatismo.

Por ello, igualmente, la actuación sobre el Parlamento catalán se limitará a la convocatoria de elecciones -pactada entre PP y PSOE para enero- y la consecuente disolución del legislativo autonómico. Eso sí, hasta esa fecha, evidentemente, las funciones de control del Gobierno desaparecen, de votación en investidura también, y cualquier actuación contraria a la Constitución y Estatuto de Autonomía quedan fuera de su ámbito.

Se trata así del esquema final con el que el Gobierno espera acabar con las ilegalidades continuas de la Generalitat y que, además, deberá soportar controles permanentes de los dos partidos que lo soportan en pacto con el Ejecutivo de Rajoy: el PSOE y Ciudadanos.

Los dos partidos han plasmado en esta esquema de control sus condiciones. Ciudadanos, en la exigencia de convocar elecciones autonómicas. El PSOE, en el principio de mínima intervención y mínima permanencia y en la exigencia de que las actuaciones dejen ventanas de posible vuelta atrás de los separatistas.

El Gobierno ha asumido todos esos condicionantes con un esquema de pura «neutralidad en la gestión sin permitir el más mínimo deterioro en los servicios públicos esenciales», aclaran fuentes oficiales.