El Gobierno aparta a la Generalitat para controlar Interior, Hacienda y los Servicios Públicos

El Gobierno empieza hoy la aplicación de un 155 con el que sustituirá en sus funciones al equipo de gobierno de la Generalitat y a su presidente, Carles Puigdemont. El polémico artículo de la Constitución se activó ya con el requerimiento al presidente regional, pero hoy el Gobierno da paso al Senado -cuya mesa está convocada a las 13:00 horas- del detalle de su aplicación. PP y PSOE han pactado la destitución de los consejeros y la asunción a través de los Ministerios de las distintas competencias autonómicas. Un mecanismo que permitirá no tener la más mínima interrupción en la gestión de las áreas clave.

Los ministros, de hecho, ultimaban ya ayer la dinámica de esta toma de control en la que actuarán a través de secretarios de Estado y subsecretarios con el fin principal de garantizar el cumplimiento de la ley bajo un principio de intervención mínima y de evitar cualquier problema para los administrados.

Seis áreas quedaban así especialmente circunscritas dentro del plan de control prioritario. La primera de ellas, la de Seguridad, una competencia especialmente delicada de la que se encargará a partir de ahora y dentro del Ministerio de Interior, la figura del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Él es ya el responsable directo de la gestión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, dos cuerpos cuya coordinación con los Mossos es decisiva. Las órdenes de gestión y la coordinación de esta policía autonómica dependerá ahora de él.

La situación de deterioro económico y las amenazas continuas de apropiación del sistema recaudatorio en Cataluña por parte de la Hacienda autonómica, han convertido este área en otra de las prioridades. Su gestión pasa ahora al Ministerio, una oportunidad que podrán utilizar desde el área de Cristóbal Montoro para comprobar la existencia de fugas de dinero hacia fines no autorizados.

Sanidad, Educación, los denominados Servicios Sociales y la gestión de la Justicia son otras de las prioridades de control para garantizar que ninguno de los servicios básicos tenga la más mínima interrupción. El Gobierno es consciente de que la tensión puede dispararse y lo último que quiere es que una pérdida de ritmo o calidad en la gestión de los servicios clave pueda incrementar el nerviosismo o servir de mecanismo de protesta por parte del separatismo.

Toda esa maquinaria, quedará coordinada y bajo la última palabra del Consejo de Ministros, paso final de un esquema que contará igualmente con un primer nivel de coordinación en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios que preside la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Se trata así del esquema final con el que el Gobierno espera acabar con las ilegalidades continuas de la Generalitat y que, además, deberá soportar controles permanentes de los dos partidos que lo soportan en pacto con el Ejecutivo de Rajoy: el PSOE y Ciudadanos.

Los dos partidos han insistido en condiciones. Ciudadanos, en la necesidad de convocar elecciones autonómicas. PSOE en el principio de mínima intervención y mínima permanencia.

El Gobierno lo sabe y pretende dar una imagen de pura neutralidad en la gestión sin permitir el más mínimo deterioro en los servicios públicos esenciales.

La presencia en Cataluña será otra de las piezas clave: su papel visible, aunque las decisiones se impulsen desde el Consejo de Ministros, en el fondo será el de sustituir al presidente regional Puigdemont. El Gobierno no quiere que quien represente este papel visible tenga un perfil presidenciable: quieren evitar por completo que la intervención pueda ser comparada con una situación colonial. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, cuenta con probabilidades de ocupar esa posición.