El Gobierno avisa: la intervención de las cuentas de la Generalitat seguirá aunque Puigdemont recule

La intervención del ministerio de Hacienda a las cuentas de la Generalitat no se suspenderá aunque Puigdemont recule en su órdago al Estado.

En fuentes gubernamentales se recuerda que esa medida, que se activó a mediados de septiembre, funciona «de manera autónoma» al requerimiento del Ejecutivo para que el presidente catalán explique si el pasado miércoles declaró la independencia. Por ello, se mantendrá aún si este lunes, el presidente catalán manifiesta que no hubo declaración de independencia.

El ministro Montoro ya avanzó en su comparecencia a petición propia en el Congreso, hace unas semanas, que el control del presupuesto autonómico se mantendría de manera indefinida, y durante los meses necesarios para asegurar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente.

La medida supone que, actualmente, Hacienda gestione directamente los gastos destinados a financiar los servicios públicos básicos en Cataluña (sanidad, educación, seguridad, dependencia), además de las nóminas de los trabajadores públicos. En definitiva, que se corten todas las vías de financiación para evitar desvíos a los fines secesionistas. De esta forma, Cataluña se queda sin los aproximadamente 1.400 millones de euros que recibe cada mes del Estado, y dispone de apenas unos 250 de gestión propia (tributos e impuestos), también controlados por el Gobierno a través de los movimientos bancarios.

Prudente optimismo

El Ejecutivo va «paso a paso» en su respuesta al órdago independentista. En fuentes gubernamentales se respira un prudente optimismo sobre la contestación que, en la próxima semana, el presidente catalán dé al requerimiento del Ejecutivo para que aclare si proclamó la independencia. Advierten, eso sí, de que sólo vale una respuesta precisa: un ‘sí’ o ‘no’, porque cualquier otra equivaldría a considerar la independencia declarada.  También el silencio se considerará como «una confirmación».

Puigdemont tiene de margen hasta el próximo lunes, a las 10 de la mañana, para contestar a esta pregunta. El mismo día que el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium están citados a declarar ante la Audiencia por un posible delito de sedición.

En el texto del requerimiento, el Ejecutivo insta a Puigdemont a que desista en su órdago y ordene la anulación de la declaración de independencia «a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, «ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente». Para esto le da de plazo hasta el próximo jueves, 19 de octubre.

En caso de que Puigdemont dé por declarada la independencia, se procedería a la activación «automática» del artículo 155. El Gobierno no ha precisado, eso sí, en qué alcance.

En ese escenario, el Ejecutivo propondrá al Senado las medidas necesarias para que la comunidad autónoma cumpla con sus obligaciones constitucionales y también con el fin de proteger el interés general de la nación «al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución» para restaurar «el orden constitucional y estatutario vulnerado».

El Gobierno apeló este viernes a Puigdemont a «volver al orden constitucional y estatutario» y le invitó a acudir al Congreso de los Diputados para defender una reforma de la Constitución, el único foro que el Ejecutivo considera válido.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que el presidente independentista está ante «su oportunidad más importante» y que es él quien «tiene encima de la mesa la oportunidad de solventar esta cuestión». 

Santamaría se remitió a los datos económicos para meter presión al Govern y explicó que la crisis catalana «está sumiendo a Cataluña en una inestabilidad que tiene consecuencias económicas». De hecho, reveló que el Ejecutivo se verá obligado con toda probabilidad a revisar su previsión de crecimiento económico a la vista de los últimos movimientos en esa comunidad, como la salida de empresas y el parón en el turismo. 

«Estamos viendo cómo la inversión empieza a retraerse en esa comunidad autónoma», alertó la número dos del Ejecutivo, que avisó del riesgo de desaceleración o recesión en la economía catalana. 

Por ello, urgió a Puigdemont a «parar la deriva» que tiene entre sus consecuencias «empobrecer» a los catalanes.