El nº 2 de Interior, Nieto, será el jefe de los Mossos durante el 155

El Gobierno es consciente de que el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, no puede continuar al frente del control de la policía autonómica en pleno proceso de intervención de la Generalitat. Con esa idea, prepara una sustitución rápida de este mando y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Interior. En concreto, en la figura del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Los informes elevados a Moncloa han dejado claro que el control de los 17.000 efectivos de los que dispone la policía regional es un paso necesario y prioritario si se quiere evitar que el proceso de aplicación del artículo 155 de la Constitución acabe mal o no llegue a resultar eficaz. Con ese fin, consideran prioritario el traspaso de ese poder a la Secretaría de Estado de Seguridad. Todo ello, independientemente de que se designe posteriormente alguna alteración o nombramiento dentro de la escala de mandos del cuerpo para garantizar el control también de los segundos niveles.

Interior es consciente de la existencia de colectivos rebeldes dentro de esta policía. Sin ir más lejos, uno de los grupos más activos en los últimos días ha sido el de Mossos por la Independencia, una agrupación de policías regionales altamente politizados y plenamente identificados con el golpe de estado.

Los precedentes del 1-O, en los que la tónica absolutamente generalizada fue la omisión obvia y directa de todo deber de actuación frente a la comisión de comportamientos delictivos relacionados con la celebración del referéndum constitucional, han terminado de convencer al Gobierno de que no puede haber intervención a menos que este cuerpo de 17.000 efectivos pase a tener un comportamiento leal con la Constitución.

A lo largo de los últimos días, la propia Policía Nacional ha trasladado esta misma petición: la de una destitución urgente del mayor de los Mossos. El argumento de los agentes nacionales es obvio. Se trata de una persona que se encuentra en estos momentos en una fase judicial muy delicada, acusado de un delito de sedición, y que puede tener grandes tentaciones de utilizar a los efectivos de su cuerpo de policía regional para desestabilizar, mantener la afrenta y la omisión frente a posibles actos de agitación en las calles o, incluso, destruir pruebas dentro del proceso judicial que deberá decidir su culpabilidad o inocencia.

Por todo ello, el Gobierno ha planteado ya su sustitución como paso prioritario y necesario dentro del proceso de aplicación del 155.