El ‘asalta el Congreso’ que nunca fue: Marlaska desplegó diez policías por cada manifestante

El Gobierno llevaba días insistiendo en la idea de que la oposición estaba instigando un asalto al Congreso durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. De ahí que el Ministerio del Interior desplegase alrededor de la Cámara Baja un dispositivo policial sin precedentes: más de 1.600 agentes, la mayoría de ellos antidisturbios, para aplicar una jaula de protección rodeando la sede del legislativo. Sin embargo, la única protesta convocada de forma improvisada ha rondado los 150 manifestantes, y todos pacíficos. Diez policías para vigilar a cada uno de los manifestantes contra la amnistía de Sánchez.

El dispositivo inédito ha llamado la atención incluso a agentes de policía bregados en la organización de la seguridad ante este tipo de citas. De primeras, recuerdan a OKDIARIO, es mayor incluso que los 1.300 policías que se desplegaron el 25 de septiembre de 2012 para proteger al Congreso del cerco convocado por Podemos y otras organizaciones de extrema izquierda. Lo que los instigadores de aquello llamaron al principio «Ocupa el Congreso» y más tarde rebautizaron como «Rodea el Congreso». La cifra también es el doble que la que Interior desplegó para la jura de la Constitución de la Princesa Leonor del pasado mes de octubre.

En cualquier caso, los más de 1.600 agentes desplegados este miércoles para proteger al Congreso de un asalto que nunca fue convocado, aunque sí agitado por el PSOE con alusiones a lo ocurrido en el Capitolio de EE.UU. en 2021, han terminado superando ampliamente al número de manifestantes que ha conseguido aglutinar la única plataforma que se ha acercado a las Cortes.

El convocante era Hazte Oír, que ha reunido a unos 150 simpatizantes, según cifras de la Delegación del Gobierno. Han coreado consignas contra Sánchez, sus pactos, su amnistía y su investidura. No ha habido detenidos ni enfrentamientos con los agentes que protegían Neptuno. Metros más arriba, en la zona de acceso de la plaza Canalejas, también blindada por la policía, unas veinticinco personas protestaban también contra el Gobierno. En suma, unas 175 personas.

Toda la zona se encontraba clausurada al tránsito ciudadano. Desde el lunes a primera hora, las calles adyacentes permanecían con furgones policiales, patrullas de la UIP y controles de documentación. Nadie daba un paso en la zona restringida por Marlaska sin dar explicaciones sobre sus intenciones a los agentes. Este miércoles, el celo de esos controles se intensificó, requiriéndose la acreditación incluso a diputados que accedían a pie al Congreso.

En definitiva, el dispositivo de Interior ha congregado tres veces más policías que manifestantes, si se tiene en cuenta también la presencia de miembros de los servicios de explosivos (TEDAX), caballería, servicio de medios aéreos (control de amenazas de drones) y unidades caninas.  Con esos cálculos, cada manifestante tenía veinte ojos uniformados vigilándole.

Criminalizar protestas

Este dispositivo, que también desde algunas asociaciones policiales califican de «desproporcionado», va en la línea de lo que el Gobierno e Interior han venido insistiendo en los últimos días al señalar la «violencia» de las protestas contra la amnistía. En Ferraz, donde el PSOE ha asumido que su personal corre peligro -pero no ha dado orden de teletrabajar a sus empleados, por ejemplo-, la violencia desatada por un grupo de ultras en una de las primeras convocatorias ha dado paso a concentraciones que finalizan si mayor problema para la fuerza interviniente.

Aún así, el Gobierno y los diputados del PSOE han señalado a los manifestantes con todo tipo de calificativos: desde llamarles «nazis» hasta compararles con el acoso de ETA. Mientras, Interior está ofreciendo ya escolta policial a aquellos diputados que se sientan «amenazados» por las protestas ciudadanas.