El abogado represaliado por Podemos se querellará por calumnias e injurias

José Manuel Calvente -el abogado que fue represaliado por Podemos tras investigar las irregularidades laborales, financieras y sobresueldos que detectó en el partido- prepara querella criminal por calumnias e injurias.

Tras estallar el ‘escoltagate’ desvelado por OKDIARIO, Podemos -en plenas negociaciones para entrar por primera vez en el Gobierno de España- se sacudía el escándalo despidiendo a sus dos responsables jurídicos: la oficial de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, y el delegado de protección de datos, José Manuel Calvente. Éste último bajo acusaciones de acoso sexual, sin denuncia, ni expediente disciplinario previo.

Calvente no está dispuesto a dejarlo pasar y este jueves su procuradora acudía a la vista de conciliación fijada por el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda del Rey, a las 11.00 horas para ratificarse en su demanda previa por difamación.

Por su parte, la representante legal enviada por Marta Flor Núñez, la ex compañera del abogado y todavía miembro del departamento jurídico de Podemos, quien le acusó de acoso y que ha sido demandada por éste, se ha mantenido en su postura. No ha habido margen para el acuerdo, confirman a OKDIARIO fuentes judiciales. El litigio sigue adelante.

«Es rotundamente falso» que exista ningún expediente donde se me denuncie por acoso sexual. «En la carta de despido ni se menciona el tema», aseguraba la pasada semana Calvente a OKDIARIO.

Acusaciones falsas

Calvente interpuso, el pasado verano, una demanda ante los madrileños juzgados de Arganda, tras sentirse desprestigiado, durante meses, por su compañera de partido, Marta Flor.

«Me ha venido difamando ante los compañeros y las compañeras del equipo jurídico y ante terceras personas ajenas a la empresa», apuntó Calvente a OKDIARIO, y «estamos hablando de un posible delito de calumnias e injurias” que ya estaba judicializado. Ahora, y sin acuerdo entre las partes, el abogado prepara querella.

La compañera de Calvente en el equipo jurídico de Podemos, del que él era máximo responsable, habría difundido «entre varios compañeros de trabajo y otras personas ajenas a la empresa, como procuradoras, tanto de palabra como por escrito en textos de mensajería instantánea el relato de unos hechos» que el abogado asegura «rotundamente falsos».

La versión de Marta Flor situaba al abogado «en posición dominante y de acoso hacia ella, descontextualizando las comunicaciones y relaciones personales entre ambos, derivadas del ámbito laboral, para intentar enmarcarlas en un contexto de hostigamiento de carácter sentimental con consecuencias laborales», recoge la demanda de Calvente.

Los hechos «son vertidos a sabiendas de su falsedad pues nunca ha existido acoso alguno, como puede probarse con la aportación de todas las comunicaciones habidas entre las partes» que el propio abogado presentó íntegras ante el juez y a partir del testimonio «del resto de miembros del equipo de trabajo» que estarían dispuestos a confirmarlo.

Fabricar expedientes

El pasado martes 10 a las 10.00 de la mañana se reunía la cúpula de Podemos tras convocar, de manera urgente, al Comité de Seguridad y Salud Laboral del partido, con un único punto en el orden del día: un caso de acoso. Fuentes próximas al partido apuntaron a que se trataba de fabricar el expediente de «acoso sexual» contra el abogado de la formación, que no existí hasta esa fecha, para justificar su despido por investigar las irregularidades laborales y financieras del partido.

Pese a que la dirección de Podemos continúa sin dar explicaciones acerca del caso surgido a raíz de las denuncias sobre la escolta-recadera de Irene Montero y Pablo Iglesias, OKDIARIO añadía al escándalo el despido fulminante del delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente Redondo, y de la oficial de cumplimiento normativo, Mónica Carmona Segura, por investigar a nivel interno ésta y otras cuestiones muy graves.

Como reacción, Podemos comunicaba, sin prueba alguna, que el despido de Calvente se debía a un expediente por acoso sexual y laboral a una trabajadora del partido que su propia dirección reconoce, ahora, sin querer, que no se tramitó nunca, tal y como asegura el propio abogado.