Sánchez no sólo indultó a los sediciosos del ‘procés’ sino que eliminó este delito y rebajó la malversación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó a las elecciones asegurando que la sentencia del procés se cumpliría íntegramente y con un programa electoral donde no figuraba en ningún sitio su intención de eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación, delitos por los que fueron condenados los golpistas catalanes. Pero, una vez más, el socialista no cumplió su palabra.

No sólo indultó a los presos catalanes, sino que, además, eliminó el delito de sedición y rebajó la malversación. El mandatario ocultó durante todas sus campañas electorales su intención de reformar el Código Penal para agradar a los partidos independentistas. Ahora bien, Sánchez no sólo calló sobre la reforma legal, sino que llegó a afirmar que endurecería las penas por corrupción y por sedición. «Acatamiento significa su íntegro cumplimiento», afirmaba Sánchez en 2019 en relación a las condenas de los políticos independentistas catalanes.

La derogación del delito de sedición y su sustitución por uno de «desórdenes públicos agravados» resulta sorprendente, teniendo en cuenta que el mismo Pedro Sánchez, llegó a afirmar que, en su opinión, había habido un claro delito de sedición y de rebelión en Cataluña y que los independentistas fugados debían de ser «extraditados a España». Después, Sánchez no sólo reformó la ley a medida de los independentistas, sino que se justificó diciendo que «hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados».

Sobre la malversación y la corrupción en política, el líder del Ejecutivo llegó a comprometerse durante un debate electoral en 2019 de que traería de vuelta a España al fugado Puigdemont y que crearía un nuevo delito para «prohibir la celebración de referéndums ilegales». Sin embargo, ahora el ex presidente de la Generalitat de Cataluña podrá ver reducida su pena de prisión gracias a la rebaja del delito de malversación que prevé un máximo de cuatro años de cárcel. «Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero no hay otro camino», explicaba Sánchez durante un acto del PSOE.