Tercera sentencia contra Duro Felguera por la ‘purga’ de directivos de Orihuela: 612.000 euros

Tercera sentencia contra Duro Felguera por los despidos de cinco altos cargos de la ingeniería asturiana que realizó el ya ex consejero delegado de la firma, José María Orihuela, en 2020. Orihuela, que dejará también el consejo de la empresa este miércoles tras la Junta de Accionistas que se celebra en Gijón, les acusó de filtrar informaciones falsas y negativas de la empresa en un foro económico en internet, Rankia, que habrían perjudicado la imagen y el valor de la empresa en el mercado.

La justicia ha sentenciado que esos despidos no estaban justificados y no son ciertos en el caso de Juan José Herrero, director de Organización y Métodos, y en el de Ignacio Rodríguez, director de Compras. Ahora, un juzgado de Asturias ha sentenciado que el despido en octubre de 2020 de Roberto Pérez, entonces director de Riesgos, también es improcedente y obliga a la empresa rescatada con dinero público a pagar al directivo 612.000 euros o readmitirle en la empresa en un plazo de cinco días.

En el primer caso, el de Rodríguez, el coste para la empresa superó los 100.00 euros, mientras que en el segundo caso, Herrero, la indemnización superaba los 300.000. Finalmente la compañía decidió reincorporar a este alto cargo a su puesto de trabajo y se encuentra actualmente trabajando en Duro Felguera. Ahora, si la compañía decide pagarle la indemnización de 612.000 euros el coste para la empresa de esas decisiones ascenderá a casi 750.000 euros.

A esto hay que añadir el coste de otros juicios que ha perdido con otros directivos por incluirles en el ERTE, algo que el juzgado consideró ilegal al no tener sustitutos. Es el caso de Javier García, ex director general, que recibió por este motivo unos 100.000 euros.

Millón de euros

En definitiva, el coste de todos estos despidos roza el millón de euros, coste que tiene que afrontar una compañía que al mismo tiempo ha solicitado una ayuda de dinero público de 120 millones de euros. Ya ha recibido los primeros 40 millones de la SEPI, mientras sigue negociando con la banca la refinanciación de la deuda y busca un socio industrial.

La compañía aseguró públicamente que los despidos de estos cinco altos cargos iban a tener «coste cero» para la empresa porque estaban bien argumentados y probados. Para ello, la empresa pagó a KPMG para hacer un ‘forensic’ con el que quería demostrar la filtración de los datos negativos de la empresa al exterior. Una querella posterior ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional firmada por el propio Orihuela fue archivada al no encontrar ningún indicio de delito. Después, estos directivos se han querellado contra él por denuncia falsa.

La compañía celebra este miércoles la Junta de Accionistas que aprobará la renovación del consejo y el nombramiento de Jaime Argüelles como nuevo consejero delegado. Orihuela negocia su indemnización para salir de la empresa.