Duro Felguera derrocha miles de euros en demandar a directivos en pleno rescate: archivada la querella

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desestimado la querella contra cuatro ex directivos de Duro Felguera interpuesta por el consejero delegado de la compañía, José María Orihuela, en la que les acusaba de filtrar información falsa contra la ingeniería afectando a su negocio y a su cotización en Bolsa, y de ser los autores en el foro económico Rankia de mensajes en contra de Duro Felguera. El fiscal, según el auto de ocho páginas fechado el 16 de marzo, no ve indicios de delito y archiva una querella que ha originado importantes gastos a la empresa en pleno rescate de dinero público: 120 millones de euros a través de la SEPI.

Orihuela, que fue nombrado consejero delegado de Duro Felguera en diciembre de 2018, despidió a estos cuatro directivos acusándoles de maniobrar en contra de los intereses de la empresa. Para intentar probar estas acusaciones, el directivo contrató a KPMG para que hiciera un ‘forensic’ e investigara los ordenadores y los móviles de los ejecutivos, a los que se requisó estos aparatos el 8 y 9 de julio de 2020, según se refleja en la querella ahora archivada.

Las conclusiones de ese ‘forensic’, dice la demanda, es que existen indicios de que los ejecutivos querellados pudieran estar detrás de los mensajes en Rankia y que se enviaron información de Duro Felguera a sus direcciones de correo personales, sin probar que se filtrara posteriormente a nadie. Preguntados los peritos de KPMG por la fiscalía, éstos señalaron que «era muy difícil» -dice el auto- «determinar si había existido un perjuicio económico» para la empresa.

Por lo tanto, el fiscal archiva la querella al entender que «desde el año 2018 la entidad había entrado en crisis» por lo que «en definitiva, con los datos aportados al procedimiento no se puede concluir que la actuación de los denunciados hubiera sido delictiva».

Costes para la empresa rescatada

La querella interpuesta por Orihuela contra los cuatro ex directivos de la ingeniería sólo ha servido para que la empresa, casi en quiebra, con sus trabajadores en ERTE, con patrimonio negativo, y a la espera de recibir 120 millones de euros de dinero público para seguir funcionando, gaste más dinero.

El despido de los cuatro directivos, más un quinto, Juan José Herrero, que no ha sido incluido en esta querella, ya le va a costar a la empresa en total más de un millón de euros en concepto de indemnizaciones. De momento ya ha perdido una, la de Ignacio Rodríguez, al que tendrá que pagar más de 100.000 euros, y están pendientes el resto. Además, ya ha perdido las denuncias que presentaron dos de estos ex directivos por meterles en el ERTE, Javier García y Roberto Pérez, que le costará otros 200.000 euros a la empresa.

Ahora hay que añadir el coste del ‘forensic’ a KPMG más los costes de los abogados y las asesorías para llevar a cabo esta querella que ahora ha sido archivada, que puede superar el medio millón de euros en conjunto. La empresa, en la deriva de Orihuela de apartar a todo el equipo anterior a que él llegara a Duro Felguera -se ha rodeado de directivos con los que trabajó en Sacyr que son conocidos como ‘el clan de Pozuelo’, en referencia a la localidad madrileña donde viven-, llegó incluso a entregar el ‘forensic’ en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que investigara la evolución de la acción.

Mientras el consejero delegado dilapida miles de euros y espera el dinero público del rescate, la SEPI ha alargado un mes, hasta el 30 de abril, el plazo para aportar los primeros 40 millones de euros a la empresa. Será la primera parte de un total de 120 millones de fondos públicos.