Segunda sentencia contra Duro Felguera por la ‘purga’ de directivos de Orihuela: 350.000 euros

Segunda sentencia contra Duro Felguera por los despidos de cinco ex directivos en 2020 acusados por la cúpula de la compañía de filtrar informaciones falsas y negativas de la empresa en un foro económico en internet, Rankia, que han perjudicado la imagen y el valor de la empresa en el mercado. La justicia ha sentenciado que esas acusaciones contra Juan José Herrero, director de Organización y Métodos, no están probadas y no son ciertas, como ya ocurrió en el caso de otro directivo, Ignacio Rodríguez, director de Compras, que también ganó el juicio hace unas semanas.

El Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, en sentencia de 9 de abril, declara improcedente el despido de Herrero y obliga a la empresa a pagarle los salarios de tramitación y admitirle en su puesto o abonarle una indemnización que superará los 350.000 euros. El juez no considera probado que el despido sea nulo.

De esta forma, son dos ya las sentencias a favor de los ex directivos despedidos por el consejero delegado, José María Orihuela, que ha cerrado con éxito la ayuda de la SEPI por 120 millones de euros -se aplicará antes del 30 de abril-, pero ha conseguido que bancos, acreedores, sindicatos y hasta la SEPI no quieran que continúe al frente de la empresa -la SEPI pondrá un nuevo directivo al frente-.

Hay una tercera sentencia, la de Roberto Pérez, director de Riesgos, que ha sido en primera instancia favorable a la empresa pero que ha sido recurrida y aún no es firme. Además, la empresa ha perdido también dos juicios contra dos ex directivos que reclamaban sus salarios por incluirles indebidamente en el ERTE aplicado en 2020 -hay otro ahora en marcha-.

Más de medio millón

El resultado es que de las arcas de la empresa, cuyos directivos han declarado que sin la ayuda pública tendrían que solicitar el concurso de acreedores, han salido ya más de medio millón de euros para pagar los despidos ordenados por Orihuela, en base a unos supuestos mensajes en Rankia que no ha podido probar. La empresa señaló también públicamente que estos despidos estaban justificados e iban a tener «coste cero» para la ingeniería asturiana. Más de medio millón de euros que vaciarán más las arcas de la empresa mientras espera la llegada del dinero público de la SEPI.

Además, la sentencia cita expresamente que las acusaciones de Orihuela  a los ex directivos de escribir bajo seudónimo cosas negativas para la empresa han sido archivadas por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El 5 de noviembre, el actual consejero delegado denunció ante los fiscales esas filtraciones por parte de cuatro ex directivos -dejó fuera a Herrero-, denuncia que fue archivada, originando de nuevo gastos extraordinarios a la empresa rescatada -ellos ahora se han querellado contra Orihuela por denuncia falsa-.

Esa denuncia originó unas diligencias previas que «se archivaron por Decreto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 11 de marzo de 2021 al no resultar acreditado perjuicio económico para la empresa ni que la actuación de los denunciados hubiera sido delictiva», recuerda el juez para argumentar su sentencia de declarar improcedente el despido.

Entrada de la SEPI

Mientras la empresa va perdiendo un juicio tras otro y derrochando dinero, la SEPI y la banca siguen trabajando para cerrar el acuerdo que permita la inyección de la primera parte de los 120 millones de euros públicos antes del 30 de abril, según la última comunicación de Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).