Moncloa busca una excusa para no cerrar las nucleares: que Red Eléctrica diga que peligra el suministro

El Gobierno ha vuelto a enfrentarse a las eléctricas por el cierre o el alargamiento de la vida de las centrales nucleares. Esta pelea viene de antiguo, como es bien sabido, pero el Ejecutivo ha encontrado una excusa para no tener que asumir la responsabilidad de un cierre que sabe que no es factible: que sea Red Eléctrica la que frene el cierre de estas plantas alegando que pondría en peligro la seguridad del suministro, según fuentes al tanto de la situación.

El Ejecutivo pretende cerrar las nucleares por una cuestión puramente ideológica: el planteamiento antinuclear de Teresa Ribera que ha heredado su delfina, la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Pero es consciente de que no puede hacerlo porque son imprescindibles para garantizar el suministro eléctrico en muchas zonas, en especial Madrid y Cataluña.

Por eso, no quiere ser él quien tome esa decisión, y menos aún después del apagón del 28 de abril, que evidenció los riesgos de tener un exceso de generación renovable. Las empresas, por su parte, tampoco quieren cerrar las nucleares, pero exigen que, para mantenerlas operativas, se les rebajen los «sobreimpuestos» que las gravan, como la tasa de Enresa (que se ha disparado) o la del combustible nuclear.

Alegan que, con estos impuestos añadidos a los que pagan el resto de fuentes de generación eléctrica, las nucleares no son rentables. Según cálculos del sector, necesitan un precio medio anual de 45-50 euros por MWh, algo difícil de conseguir con tantos días de precio cero o negativo como hemos tenido en la primavera de este año o del pasado.

Y el Gobierno se niega en redondo a rebajar esos impuestos y tasas. Por tanto, se reúne con el sector, le escucha, pero no cede en ese punto, que es el crítico para las empresas.

Seguridad del suministro

Parece que la situación está estancada y no tiene solución. Pero el Ejecutivo ha encontrado una fórmula para resolverla. Para cerrar una central nuclear, debe emitir un informe el Consejo de Seguridad Nuclear y otro Red Eléctrica, que es preceptivo aunque no vinculante. Y ahí es donde pretende que Beatriz Corredor se moje y diga que el cierre de la primera nuclear que cumple su vida útil (Almaraz) pondría en peligro la seguridad del suministro. En concreto, el de Madrid.

Aunque no sea vinculante, nadie va a desconectar una central nuclear con un informe así de Red Eléctrica. Y de esta forma, el Gobierno puede descargar la responsabilidad en el operador del sistema: «Yo quiero cerrarla, pero Red Eléctrica se opone, así que no me queda más remedio que prolongar su vida», sería su justificación, según las fuentes consultadas.

Y, por supuesto, a la vez que prolonga su vida útil, mantiene los actuales impuestos y tasas sin la rebaja que piden las empresas. Con lo cual, el Gobierno sale ganando en todos los aspectos y las eléctricas perdiendo.

El primero garantiza la seguridad del suministro, sigue recaudando por estos tributos y se quita de encima la responsabilidad de no cerrar las centrales nucleares «en contra de sus deseos». Por el contrario, el sector tiene que seguir operando unas plantas que no son rentables y pagando todos esos impuestos y tasas.