Los ingresos de seis de cada diez españoles mayores de 18 años dependerán del Estado con la renta mínima

La crisis económica que está generando la expansión del coronavirus en España y la puesta en marcha de la renta mínima por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y y Pablo Iglesias, encamina al país a un récord de ciudadanos dependiendo de lo que decida el Ejecutivo de PSOE y Podemos.

A los parados que cobran una prestación y a los nuevos afectados por los ERTE, sumado a los pensionistas, funcionarios y los beneficiarios de la nueva renta mínima -un millón de hogares, más de un millón de personas-, un total de 22 millones de personas recibirán un salario del Estado. Sobre esas nóminas o prestaciones tendrá poder el Gobierno, que decidirá sobre las rebajas o las subidas cuando crea conveniente.

Teniendo en cuenta que en España viven 38,78 millones de personas mayores de 18 años, en edad de trabajar por tanto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019, casi el 60% del total de los españoles recibirán sus ingresos de la administración pública como consecuencia de la crisis del coronavirus. Seis de cada diez.

En concreto, entre perceptores del paro y de los ERTE, más los pensionistas, se trata de 18 millones de españoles que, unidos a los 2,6 millones de funcionarios rozan los 21 millones. El resto son los beneficiarios de la renta mínima: un millón de hogares, tres millones de personas contando a los niños, según los cálculos que ha hecho públicos el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Consecuencias

La primera consecuencia de esta situación es el golpe para las arcas públicas. Aunque buena parte de los cuatro millones de españoles que han sufrido un ERTE volverán a sus puestos de trabajo antes de junio, otra parte será definitivamente despedido, según las previsiones de todas las instituciones sobre la economía española.

A esto hay que sumar la pérdida de ingresos tributarios por IRPF y para la Seguridad Social. Más deuda y más déficit, hasta el 113% del PIB la primera y el 10% el segundo, en 2020, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta forma, la salida de la crisis será más lenta y gravosa.

La segunda consecuencia es el riesgo que supone para un país basar la economía en el subsidio de los ciudadanos, en lugar de en el emprendimiento y el desarrollo empresarial. El ministro Escrivá, en una entrevista radiofónica este viernes, alertaba precisamente de que la renta mínima podría desincentivar la búsqueda de empleo como han hecho otros subsidios públicos, como las peonadas -que el Gobierno también quiere ampliar-. Por eso, ha dicho, será compatible temporalmente con un salario.