DECRETO LEY DE REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Hacienda dispara la retención fiscal a la banca para elevar los ingresos en 8.000 millones de euros

Hacienda
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto: GETTY)

El Ministerio de Hacienda al final ha deshojado la margarita y ha terminado in extremis el texto del decreto ley que será aprobado este viernes en Consejo de Ministros y que reforma el sistema de pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. Aunque el primer borrador planteaba que el tipo fuera del 20%, al final las necesidades presupuestarias han obligado al departamento que dirige Cristóbal Montoro a elevarlo al 23% y, en el caso de las entidades financieras, escalará hasta el 25%.

Con esta medida el Gobierno pretende recaudar 8.000 millones de euros extra de aquí a final de año, frente a los 6.000 millones estimados por el Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, antes de conocerse el mayor gravamen que se aplicará a las empresas en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades.

En ambos casos (tanto en el tipo del 23% como en del 25%) el gravamen supone un importante aumento respecto al 12% que introdujo la reforma fiscal. Se aplicará a las empresas con una facturación de más de 10 millones de euros, frente al límite de 20 millones de euros que planteaba Hacienda en el primer borrador de la reforma.

La razón de este castigo fiscal se encuentra en el desplome de la recaudación del Impuesto de Sociedades, que se suma a la caída de los ingresos por IRPF, que dificulta el cumplimiento del objetivo de déficit público pactado con Bruselas. En concreto, el Gobierno debe lograr cerrar el año con una brecha fiscal (diferencia entre gastos e ingresos) equivalente al 4,6% del PIB.

Sin esta reforma será imposible alcanzar esa tasa, tal como ha señalado la Autoridad Fiscal Independiente (AIRef) en un reciente informe sobre la situación fiscal española, y España se enfrentaría a sanciones de más de 6.300 millones de euros, sumando la multa directa a la congelación de los fondos estructurales, según avanzó De Guindos en su última intervención en la Comisión de Economía del Congreso.

Elevar el tipo fiscal al 25% para las entidades financieras supone un elemento más de presión sobre el sector bancario español, que está inmerso en una crisis de rentabilidad como consecuencia de la creciente competencia, los bajos tipos de interés, las elevadas estructuras de costes y la nueva regulación, que establece cada vez mayores exigencias de capital.

Banco de España
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (Foto: EFE)

No obstante, fuentes financieras consultadas por OKDIARIO indican que el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades supone en realidad adecuar el tipo del abono fraccionado al tipo impositivo efectivo y que no supondrá un desembolso mayor en términos globales. “Es como si a un particular Hacienda le retiene más en el IRPF de lo que debe retener en función de los ingresos del afectado y posteriormente se le devuelve la cantidad cobrada de más cuando hace la declaración”.

Por ello, el Gobierno lo único que conseguirá con esta reforma será liquidez momentánea para este año, dejando para el próximo ejercicio el ajuste necesario para cerrar la brecha fiscal de las cuentas públicas españolas. El compromiso de déficit público para 2017 es del 3,1% del PIB, una cifra que los analistas consideran imposible de cumplir, ya que no habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta que haya nuevo Gobierno y se prorrogarán los actuales.

Sin embargo, otras fuentes financieras sí consideran que Hacienda va a golpear a los bancos en un momento complicado, justo cuando entran en vigor las nuevas provisiones con la reciente circular del Banco de España que puede obligar a las entidades financieras a hacer frente a un ajuste de 6.800 millones de euros, tal como apuntaba un informe reciente del banco suizo Mirabaud. Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) descartan un impacto "significativo" de las nuevas provisiones, pero admiten que habrá bancos que sí deberán elevar su nivel de capital para responder a la nueva regulación.

Tras la aprobación y publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para que sea convalidado, tal como establece el artículo 86 de la Constitución. Para que sea convalidado deberá ser respaldado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, es decir, que el PP deberá lograr el respaldo de Ciudadanos y los votos suficientes de las filas socialistas y/o de los partidos nacionalistas.

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