Bruselas rechaza multar a España y le da más tiempo para reducir el déficit público

La Comisión Europea ha rechazado sancionar económicamente a España por el incumplimiento del déficit público del pasado año, que escaló al 5% del PIB, frente al 4,1% comprometido por el Gobierno con Bruselas. La sanción podía haberse elevado a 2.100 millones de euros (el 0,25 del PIB de España, tal como establece la normativa), pero las gestiones del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, han dado sus frutos y la multa será de cero euros, tal como vaticinó hace unos días. Bruselas también da un año más a España para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, una tasa que no deberá alcanzar hasta 2018.

Según han confirmado fuentes comunitarias, los comisarios europeos han debatido largo y tendido sobre la posibilidad de aplicar la citada sanción, después de que el Ecofin hubiera iniciado el procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, al final ha triunfado la tesis de los partidarios de no castigar fiscalmente a España, un país que ha sido un ejemplo a seguir en lo que a reformas estructurales se refiere. El comisario de Economía y Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, ha manifestado en varias ocasiones ser partidario de aplicar con «inteligencia» las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no imponer una multa a España.

La Comisión Europea ha explicado en un informe que España será penalizada mediante la “suspensión” de una parte de los fondos estructurales, un castigo que podrá evitarse si el Gobierno “demuestra un total compromiso” con el equilibrio presupuestario. Bruselas exige la presentación de un desglose detallado de los planes de ajuste que deberá ser entregado el próximo otoño, antes del 15 de octubre.

El nuevo calendario da oxígeno a España, ya que para este año contempla un déficit público máximo del 4,6% del PIB (frente al 3,6% comprometido por el Gobierno en su última revisión del plan de estabilidad). En 2017 la brecha fiscal deberá ser inferior al 3,1% del PIB y, ya en 2018 el déficit deberá reducirse hasta el 2,2% del PIB. Será el próximo año cuando el Ejecutivo deberá hacer la mayor parte del ajuste estructural, con una reducción de 5.000 millones de euros (el 0,5% del PIB), la misma cantidad que en 2018.

Esto supone que España cumplirá los objetivos sin ajustes adicionales este año, ya que el último informe de la Autoridad Fiscal Independiente (AIRef) apunta a que al déficit será del 4,1% del PIB en 2016 si se cumplen las reformas anunciadas y del 4,7% del PIB si no llevan a cabo, lo que supone tan sólo una décima más de lo establecido ahora por Bruselas.

Se trata de la segunda prórroga que ha conseguido De Guindos, ya que el ministro logró el pasado abril que la Comisión Europea diera un año extra a España para cumplir sus objetivos a cambio de nuevas medidas de ajuste. Esto motivó la revisión del plan de estabilidad y, posteriormente, la decisión del Gobierno de modificar la tributación del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para lograr 6.000 millones de euros adicionales en la segunda mitad de 2016.

Moscovici: «Es la mejor opción cuando los pueblos dudan de Europa»

En rueda de prensa, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha explicado que suspender la sanción a España es «la mejor opción», especialmente en un momento en el que «los pueblos dudan de Europa», en referencia al auge del populismo anticomunitario que está proliferando en la UE, y que puede verse alentado tras el Brexit. «Sanciones, incluso simbólicas, no hubieran permitido corregir el pasado y no habrían sido comprendidas por pueblos que han hecho enorme sacrificios estos últimos años», ha indicado Moscovici.

El bloqueo político también ha influido en la decisión de Bruselas de no multar a España, ya que con un Gobierno en funciones es muy difícil retomar la senda de la estabilidad presupuestaria.  Sin la prórroga concedida España debería haber realizado «un ajuste enorme en un año de entre el 1,3% y el 2% del PIB» y «un esfuerzo estructural muy elevado de aquí a finales de año y todavía más elevado en 2017», algo que hubiera tenido «bastante coste en el crecimiento».

Moscovici ha recordado que «ahora compete al Consejo pronunciarse en diez días para confirmar esta propuesta de anulación de la multa o para modificarla» pero se ha mostrado convencido de que «había consenso político para no sancionar a España». Según explican fuentes comunitarias a OKDIARIO, todo parece indicar que el Ecofin respaldará la decisión de la Comisión.