El Gobierno pide a Europa una ley para intervenir la vivienda tras disparar el precio un 49% desde 2018

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad en España. Según el CIS, junto a la inmigración, es ya el primero de los motivos de preocupación de la sociedad. Sobre todo, entre el público más joven.

Desde 2018, momento en que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, el precio del mercado inmobiliario se ha incrementado en un 49%. El PSOE insta ahora a Europa a crear una nueva normativa que le permita regular la oferta, a pesar de que lo ha intentado hacer con hasta tres leyes internas, prometiendo 7.000 millones de inversión y más de 350.000 viviendas, para no terminar de construir y entregar ni la cuarta parte, según los propios datos del Gobierno.

El encarecimiento «desorbitado» de los bienes inmuebles vivido en los últimos años está construyendo un «muro infranqueable» ante lo que desde el ala socialista del Gobierno consideran que es un bien fundamental recogido y regulado en la propia Constitución de 1978.

El pasado junio, la propia Comisión Europea (CE) cuestionó los planes del Ejecutivo español para hacer frente a la subida de los precios de la vivienda. Si en 2018 el precio medio rondaba los 1.670 euros el metro cuadrado; a octubre de este mismo año el coste se ha incrementado hasta los casi 2.498 euros. El propio equipo de la presidenta europea Ursula von der Leyen puso como ejemplo del fracaso de las fórmulas del PSOE de Sánchez en ciudades como Barcelona. Aquí, el precio del alquiler alcanza los 19,9 euros por metro cuadrado; detrás de la capital, Madrid, cuyo precio está en torno a los 20,5 euros.

Con este contexto, el grupo socialista en el Congreso, a través de una proposición no de ley (PNL), insta al Gobierno a no cesar en sus esfuerzos por trabajar de la mano de las instituciones europeas para intervenir el mercado inmobiliario. Así, entre sus reclamos, están el de aprobar un Plan Europeo de vivienda asequible como una prioridad de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), no sólo nacional. O abordar incluso el impacto de la capitalización del sector de los pisos destinados tanto al uso residencial como al turístico.

La tendencia alcista de los precios, así como el ensanchamiento que justifican en el PSOE se está produciendo entre la oferta y la demanda, está generando un fenómeno al que se refieren como «estrés financiero» que afirman viven tanto quienes pagan una hipoteca como un alquiler.

Si bien reconocen en su exposición de motivos que la vivienda en casi una década, desde que Sánchez se hiciera con la presidencia del Gobierno, «se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras», suponiendo también un «obstáculo para la emancipación de nuestros jóvenes», defienden que es ahora el momento de que Europa actúe de forma coordinada. Lo hacen, sobre todo, tras unos cuestionables resultados de la política de vivienda, que allí donde se ha aplicado no ha servido para reducir el precio de los alquileres, con Barcelona como ejemplo de zona tensionada que, además, sigue disparada.

«Necesitamos más flexibilidad en la normativa sobre vivienda», aseguran. A lo que solicitan «más margen de maniobra sobre ayudas estatales para la vivienda asequible». Según el PSOE, España vive «un momento de estancamiento, por lo que es crucial encontrar soluciones eficaces que permitan a todos los Estados miembros determinar la implementación precisa a nivel local».

El pasado lunes, el propio líder socialista del Gobierno manifestó su compromiso de tramitar un nuevo Plan Estatal de Vivienda con una inversión hasta 2030 de más de 7.000 millones de euros. No obstante, de los 184.000 inmuebles, en este caso en régimen alquiler asequible que prometió en 2023, tan sólo ha construido 350 viviendas. En los siete años que lleva al frente del Ejecutivo, casi 80.000.