El Supremo ultima un fallo histórico que tumbará las hipotecas ligadas al IRPH en favor de los afectados

El próximo 1 de octubre, el Tribunal Supremo podría dar la razón a más de un millón de hipotecados atrapados en el índice IRPH, un mecanismo encarecido que, durante años, multiplicó los beneficios de la banca a costa de las familias. Tras el contundente pronunciamiento del TJUE en diciembre de 2024, todo apunta a que la doctrina europea pesará más que las presiones del sector financiero. Fuentes del Supremo confirman a OKDIARIO que en dicha fecha se reunirán en Pleno «para deliberar los asuntos pertinentes al IRPH».

Por su parte, los juristas están seguros: «Estamos ante la antesala de una sentencia que puede marcar un antes y un después en la justicia hipotecaria española», advierte Ángel Sánchez, socio de Asoban Abogados, uno de los despachos que encabeza las reclamaciones de los afectados en todo el territorio nacional.

Una década de polémicas

El próximo 1 de octubre, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo deliberará sobre la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH, un índice que desde hace más de dos décadas ha sido objeto de batalla judicial. La cifra habla por sí sola: más de un millón de contratos hipotecarios aún están sujetos a este mecanismo, con una factura potencial para la banca de 44.000 millones de euros.

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) se planteó como alternativa al Euríbor, pero desde el inicio fue una trampa cara. A diferencia del Euríbor, que refleja un tipo de interés «puro», el IRPH incorpora comisiones y gastos, lo que eleva artificialmente el coste de los préstamos.

El propio Banco de España, en su Circular 5/1994, recomendó aplicar un diferencial negativo que compensara ese sobrecoste. Sin embargo, la banca hizo caso omiso. Resultado: cuotas mucho más altas, con un impacto brutal en la economía de familias que confiaron en su banco. Todo ello con la cobertura de un índice oficial que, en la práctica, se utilizó con opacidad deliberada.

El TJUE (asunto C-300/23, de diciembre de 2024) dejó claro que el hecho de que el IRPH fuera un índice oficial no eximía a los bancos de su obligación de transparencia. Para ser válida, una cláusula debía haber ido acompañada de explicaciones claras y comprensibles sobre cómo funcionaba el índice, su evolución histórica y las consecuencias económicas de su aplicación.

Además, el tribunal europeo precisó que el control de transparencia y el de abusividad no se excluyen: ambos deben analizarse. Es decir, aunque el IRPH figure en el BOE, si no se explicó con claridad, la cláusula puede ser nula.

Los juzgados españoles han empezado a aplicar esta doctrina incluso antes de que se pronuncie el Supremo. En Murcia, el Juzgado de Primera Instancia nº 16 anuló dos cláusulas IRPH por falta de información suficiente. En Cádiz, un fallo en julio de 2025 declaró nula una cláusula IRPH combinada con una cláusula suelo del 5%, obligando a devolver más de 32.000 euros. También en Asturias, Barcelona o Soria, las resoluciones ya han dado la razón a los consumidores.

«Estamos ante un momento histórico», explica Ángel Sánchez, letrado y socio de Asoban Abogados. «Si el Supremo se alinea con Europa, los afectados podrán recuperar lo que pagaron de más durante años. Y lo más importante: se cerrará una etapa de inseguridad jurídica que ha durado demasiado tiempo».

El Supremo: entre banca y consumidores

Adherirse plenamente a la doctrina del TJUE, lo que supondría declarar nulas las cláusulas IRPH si no hubo transparencia, sustituir el índice por el Euríbor más diferencial y devolver lo cobrado de más.

Mantener parte de su doctrina previa, aceptando la validez del IRPH si se acredita un mínimo cumplimiento del deber de información.
La primera opción supondría un terremoto para el sector financiero, pero también justicia para millones de familias. La segunda prolongaría la inseguridad jurídica y la necesidad de seguir litigando caso por caso.

La banca, mientras tanto, intenta aparentar calma, defendiendo el IRPH como índice oficial. Pero el nerviosismo es palpable: reconocen en privado que un fallo en contra puede suponer un desembolso multimillonario y otro golpe a su reputación tras episodios como las cláusulas suelo.

«Cada mes que pasa sin una decisión firme del Supremo supone un perjuicio económico real para los afectados”, recuerda Ángel Sánchez. “No hablamos de un debate académico, sino de familias que han pagado cientos de euros de más en cada recibo hipotecario».

El caso del IRPH simboliza la tensión entre los índices oficiales y la exigencia de transparencia impuesta por el Derecho de la Unión Europea. Más de una década de litigios, pronunciamientos contradictorios y recursos a Luxemburgo han desgastado a los afectados, que ahora ven más cerca que nunca un desenlace favorable.

La pregunta es clara: ¿será el Supremo valiente y aplicará de lleno la doctrina europea, o buscará una salida intermedia que devuelva la pelota a Luxemburgo?

Todo apunta a que esta vez el fallo se inclinará hacia los hipotecados. El contexto, el peso de la jurisprudencia europea y el goteo de resoluciones de juzgados nacionales dibujan un escenario en el que sería difícil sostener lo contrario.

«El Supremo debe decidir si se pone del lado de la banca o del lado de la transparencia», concluye Ángel Sánchez. «Todo apunta a que esta vez la balanza caerá del lado de los consumidores».

El 1 de octubre puede cerrarse, al fin, una herida abierta durante más de una década. Y, si la sentencia cumple lo que se espera, los hipotecados atrapados en el IRPH habrán ganado por fin la batalla que llevan librando desde hace años.