Esperpento tributario del expolio a la inversión

Una caótica y agónica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados del pasado lunes, tras dos aplazamientos, repleta de acusaciones cruzadas entre los apoyos de un Gobierno débil, adelanta una segunda parte probablemente similar este jueves en un pleno con unos equilibrios imposibles entre aquellos socios del Gobierno que quieren seguir aprobando normas para ahuyentar la inversión extendiendo la inseguridad jurídica y la incertidumbre financiera  que suponen los impuestos selectivos y discriminatorios con respecto a nuestro entorno y quienes consideran desde el gobierno regional vasco que hasta aquí hemos llegado.

La clave de este desencuentro es el impuesto a las energéticas, un regate entre los socios del Gobierno que han pactado y firmado por escrito acuerdos contradictorios al respecto con el grupo socialista.

Un desencuentro entre socios antagónicos del gobierno que deja de momento fuera de la norma no solo el impuesto a las energéticas que ya estaba acordada con el PNV y Junts, sino los impuestos a la banca, al diésel de 11 céntimos por litro, a las Socimi, a la sanidad privada y a los pisos turísticos con el IVA equiparándolos a los hoteles.

El nuevo impuesto a la sanidad privada supone un ataque directo a la clase media, consistente en la eliminación de la exención tributaria a las primas de seguros privados del 8%, a las organizaciones sanitarias y a los seguros de salud privada.

Y, además, el hecho de hacerlo en la misma semana que se hace público el deseo unilateral, de espaldas a los sindicatos, de una parte del gobierno de acabar con la mutualidad pública Muface fundada en 1975 y que cuenta con un millón de beneficiarios atendidos hoy en la sanidad privada, lo convierte en una estrategia de ataque a la línea de flotación de la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Una gestión que reside en las comunidades autónomas. Mientras, el Ministerio para la Digitalización y la Función Pública prepara una nueva convocatoria para licitar el servicio con las principales aseguradoras posiblemente interesadas DKV, Asisa y Adeslas.

Con respecto a la tributación de las Socimi, tras el cambio del marco fiscal de las SICAV del año 2021, viene una nueva subida de la fiscalidad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, Socimi nacidas por Ley en nuestro país en 2009 y desarrolladas por reglamento en 2012.

Es un gran error propio de los giros radicales del populismo, ahuyentar una inversión que ya está por debajo de los niveles de 2019, incrementando la inestabilidad, la inseguridad jurídica y frenando el desarrollo de sectores pujantes para continuar sosteniendo la reactivación económica como los centros de datos (con inversiones mil millonarias), centros comerciales, centros logísticos, hoteles y oficinas modernas para acoger a empresas. Además, pone en riesgo el 61% de la inversión inmobiliaria en España en datos de Savills, equivalentes a la presencia de inversores extranjeros que ahora dejarían de invertir.

Las compañías cotizadas Merlín y Colonial (que ya trasladó su sede de Barcelona a Madrid tras el proceso independentista) podrían abandonar nuestro país siguiendo la estrategia de Ferrovial, trasladando decisiones de inversión y promociones de activos fuera de España. Los cambios en la tributación siempre condicionan la inversión, acelerando la deslocalización de empresas.

España ha bajado una decena de puestos en la competitividad fiscal en cinco años, según el Instituto de Estudios Económicos, situándose en el puesto 33 de los 38 países analizados en un ejercicio donde la recaudación tributaria alcanzara los 295.000 millones de euros, un tercio más que en 2019. El esfuerzo fiscal en nuestro país supera en un 17 % la media de la Unión Europea.

Estas modificaciones repentinas ponen en peligro la viabilidad de las 124 sociedades, que suman una capitalización de 25.000 millones de euros y una cartera de activos bajo gestión de 50.000 millones. Entre las sociedades que se verían afectadas se incluye una Socimi social creada con la vocación de dotar de soluciones de vivienda acompañadas de planes de empleabilidad y salud enfocadas a paliar el sinhogarismo.

Un acuerdo político entre los grupos parlamentarios socialista y sumar del Congreso para introducir estas modificaciones significativas, producen de facto el aniquilamiento del régimen jurídico de las SOCIMI, equivalentes en España a los Real Estate Investment Trust (REITs) que nacieron en los EEUU a finales de los años 60.

Hoy tienen desarrollos legales y tributarios similares en otros países europeos. A cambio de tributar al 0% como ocurre en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal, deben repartir el 80 % de sus beneficios en forma de dividendo a sus accionistas que tributan. Además, desde el año 2021 se paga un 15% sobre el beneficio no distribuido y un 19% sobre la proporción del accionariado de aquellos accionistas que tributen menos del 10 % por sus dividendos.

Además, hay que recordar que el sector inmobiliario abona otros impuestos en su actividad empresarial como los de actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, Impuesto de Bienes e Inmuebles, IVA de alquileres y las tasas por licencias de obras.

Inversión de las Socimi

En la nota de información relevante de Merlin comunicada a la CNMV, se afirma que las Socimi han introducido en el mercado unas estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias, modernas y sostenibles para los diferentes sectores económicos. Estos son el terciario de oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía.

Todo ello con liquidez diaria y como una forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos.

Su régimen tributario permite eliminar la doble imposición al tiempo que garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores. Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española.

Para terminar, la nota hacía referencia a los argumentos políticos de forma reiterada que vinculan a las Socimi con la subida del precio de la vivienda, ya sea por las subidas de rentas o precios o la restricción actual de oferta en España. La realidad es que ninguna de las Socimi que actualmente cotizan en el Mercado Continuo, operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de commercial REITs internacionales con los que compiten.

Sirva como contra argumento a dichas afirmaciones que han sido utilizadas como pretexto para establecer esta nueva carga impositiva, señalar que en la legislación actual sobre el régimen Socimi (Ley 11/2009 de 26 de octubre) ni siquiera se menciona la palabra vivienda en el articulado, por lo que parece claro que el legislador no quiso vincular este régimen especial con el mercado residencial.

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.