EEUU ratifica otra condena a España por los impagos a las renovables de Aagesen: deberá pagar 75 millones más

EEUU ratifica otra condena a España por los impagos a las renovables de Aagesen: deberá pagar 75 millones más
Sara Aagesen. (Ep)

Estados Unidos ha ratificado una nueva condena contra España por los impagos a las energías renovables. Esta nueva decisión eleva la deuda con los acreedores del Gobierno en 75 millones de euros (88,4 millones de dólares).

La Corte Federal del Distrito de Columbia ha rechazado la última apelación del Gobierno de Pedro Sánchez y ha ordenado ejecutar el laudo arbitral en territorio estadounidense. El fallo obliga a España a pagar como si se tratara de una sentencia firme de un tribunal federal, sin margen para nuevas dilaciones.

La resolución, firmada por el juez Carl J. Nichols el pasado 3 de febrero, advierte de que la deuda seguirá acumulando intereses de demora mientras no se abone el importe.

El caso tiene su origen en 2013, cuando RREEF acudió al arbitraje internacional tras la retirada de las primas a las renovables por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, órgano del Banco Mundial, dio la razón al inversor y fijó una indemnización de 59,6 millones, Esa cifra ha aumentado hoy hasta los 75 millones, por los intereses que se han ido acumulando.

En noviembre, la Corte de Columbia ya había condenado a España, pero el Ejecutivo intentó evitar el pago alegando inmunidad soberana, argumento que ahora ha sido rechazado definitivamente. El conflicto de las renovables se extiende a otros países: en Bélgica se han embargado 482 millones por impagos relacionados.

En Australia, una decisión del Tribunal Supremo ha abierto la puerta al embargo de bienes españoles por 469 millones, y en el Reino Unido se han dictado condenas que incluyen la incautación de activos como la sede del Instituto Cervantes en Londres.

En conjunto, la deuda total de España por el conflicto de las renovables asciende ya a 2.300 millones de euros, sumando indemnizaciones pendientes, intereses de demora, costes judiciales y otros recargos.

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