Suma y sigue de Ribera y Aagesen por los impagos a las renovables: 7ª sentencia en contra en EEUU

Suma y sigue de Teresa Ribera y su sucesora en el Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen, por los impagos a las renovables. La justicia de Estados Unidos ha confirmado el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding, que invirtió 211 millones en ocho plantas de energía solar fotovoltaica antes de que España eliminara retroactivamente las primas e incentivos que motivaron esas inversiones.

Es el séptimo fallo en apenas unas semanas contra España en Estados Unidos por los impagos a las renovables, con un valor que alcanza ya los 688 millones de euros.

Este revés judicial se produce por la decisión de Ribera y Aagesen de no pagar esos laudos renovables dictados por el Ciadi, adscrito al Banco Mundial, lo que ha obligado a los fondos internacionales a acudir a la justicia ordinaria de países como EEUU, Reino Unido o Australia para reclamar las deudas por estos impagos a las renovables.

La denuncia de 9Ren data de 2015, cuando la compañía llevó a España ante el tribunal de arbitraje invocando el Tratado de la Carta de la Energía, firmado por nuestro país. Aunque el laudo favorable a la compañía fue conocido en mayo de 2019, la indemnización sigue pendiente de pago desde entonces por la estrategia seguida por Ribera y Aagesen.

9Ren reclamó originalmente una compensación de 50 millones, que luego fue reducida a 40 millones después de que el panel de arbitraje evaluase el caso. La cifra asciende ahora a 44 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora y condenas en costas.

El fallo refuerza la ofensiva judicial de 9Ren, que también ha logrado una importante victoria ante el Tribunal Federal de Australia. Dicha instancia falló el pasado 29 de agosto contra España y ordenó reconocer y ejecutar cuatro laudos de renovables por un importe agregado de 469 millones de euros.

Además de 9Ren, el juez Stewart avaló íntegramente las reclamaciones presentadas por RREEF, Watkins y NextEra, tres compañías que también cuentan con el visto bueno de la justicia estadounidense para proceder en sus acciones contra España. En una respuesta parlamentaria, el Gobierno asegura que este fallo no es definitivo ni genera embargo de bienes españoles en Australia. Avanza recursos ante las autoridades judiciales correspondientes en caso de sentencia firme.

Este nuevo revés judicial suma una nueva condena contra España en los tribunales de Estados Unidos. Además de la decisión sobre 9Ren por valor de 44 millones, la magistratura del país norteamericano ha reconocido y registrado como sentencias propias los laudos correspondientes a Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). El montante total asciende a 688,4 millones en laudos reconocidos y confirmados por parte de los tribunales de la jurisdicción norteamericana.

En total, sumando sentencias de Bélgica, la deuda confirmada en tribunales a pagar a la espera de recursos supera los 1.300 millones, que serán embargados en bienes españoles en esos países cuando sean definitivos y si el Gobierno no negocia con los fondos internacionales acreedores.

Porque estos fondos insisten en negociar una solución con el Gobierno español, que hasta ahora ha declinado cualquier acercamiento y ha incidido en su estrategia de no pagar los laudos porque serían considerados por la UE ayudas de Estado. De hecho, Bruselas ha ordenado a España que no pague esas deudas.

El origen del conflicto data de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió dar un 25% de primas a las inversiones en renovables. Cuando en 2012 Mariano Rajoy llegó al poder, rebajó unilateralmente esas primas al 7% por la grave crisis económica que heredó.

Los fondos decidieron entonces acudir en masa a los tribunales de arbitraje, que les han ido dando la razón. Ribera y Aagesen optaron por no los impagos a las renovables, forzando a los fondos a acudir a los tribunales ordinarios de Estados Unidos, Australia o Reino Unido.