Los impagos a las renovables de Sánchez y Ribera suman ya 300 millones sólo en intereses de demora

El quebradero de cabeza por los impagos a las renovables decidido por el Gobierno de Pedro Sánchez y la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sigue aumentando. Como la factura para España de esa estrategia judicial de Sánchez y Ribera -y ahora de su sustituta, Sara Aagesen- de no pagar a los fondos internacionales las sentencias perdidas en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, y posteriormente en los tribunales ordinarios de Australia, Reino Unido o Estados Unidos.

Sólo en intereses de demora por esos impagos a las renovables, la factura para el erario público español roza ya los 300 millones de euros, según fuentes de estos fondos acreedores, como se puede ver en la tabla.

De acuerdo con las cifras que manejan los fondos acreedores de España por haber ganado arbitrajes y procesos judiciales -que el Gobierno recurre sistemáticamente-, la factura de los intereses de demora crece en más de 200.000 euros al día.

Además, desde mayo de 2023, cuando estos fondos acreedores realizaron el primer recuento, hasta diciembre de 2025, el número de acreedores ha pasado de 18 a 28. Y los intereses de demora no son estáticos, crecen cada día que pasa sin que Sánchez cumpla las sentencias y pague las indemnizaciones que determinan los jueces.

A los intereses de demora hay que sumar las condenas en costas para el Gobierno español en estos juicios que está perdiendo en los tribunales de países como Australia, Reino Unido o Estados Unidos. Incluidas las costas, los fondos calculan que el coste para el erario público de la estrategia de Sánchez y Ribera asciende a 522 millones de euros.

En definitiva, costas e intereses de demora hay que sumarlo al total de las indemnizaciones decretadas en estas sentencias y que suman casi 1.750 millones de euros. El coste total es de 2.285 millones, según siempre los cálculos de los fondos internacionales acreedores.

El origen de este millonario conflicto se sitúa en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Para los grandes fondos y para los pequeños inversores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, decidió unilateralmente y para afrontar la grave crisis económica que heredó de Zapatero reducir esas primas al 7%.

Los inversores acudieron en masa entonces a los tribunales de arbitraje para reclamar las correspondientes indemnizaciones por cambiar las reglas del juego a mitad del partido, y de forma unilateral.

El Ciadi ha ido dando la razón a los fondos internacionales -en la mayoría de los casos- y dictó sentencias que condenaban a España a pagar indemnizaciones a los fondos. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esas sentencias y buscar el apoyo de la Unión Europea -algo que finalmente ha conseguido, ya que Bruselas lo considera una ayuda de Estado y ha prohibido a España pagar esas indemnizaciones-.

El siguiente paso de los fondos fue acudir a los tribunales ordinarios de fuera de la Unión Europea, que les han ido dando la razón dictando sentencias en contra de España. Reino Unido, Australia y Estados Unidos han decretado sentencias contra España, lo que ha abierto la puerta a embargos de bienes españoles en estos países.