Afectados por los impagos a las renovables dan 30 días a Aagesen para señalar bienes embargables en EEUU

Cuentas bancarias, activos y propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales, transferencias financieras… Los fondos internacionales acreedores de España por los impagos a las renovables han iniciado en Estados Unidos el proceso judicial para proceder al embargo de casi 700 millones de euros en bienes españoles en el país. Estos fondos dan 30 días a España para identificar bienes embargables en EEUU, donde los jueces han dictado siete sentencias en las últimas semanas en contra del Gobierno por los impagos a las renovables.

Estos fondos ganaron los arbitrajes contra España en el Ciadi, tribunal adscrito al Banco Mundial, y la decisión de Teresa Ribera y su sucesora en el ministerio, Aagesen, de no pagar esos laudos les obligó a acudir a los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido o Australia, que les están dando la razón y condenando a España a pagar las indemnizaciones.

El Gobierno español defiende que pagar esas indemnizaciones serían consideradas ayudas de Estado por la Comisión Europea, por lo que su estrategia procesal está siendo negarse a pagar con el apoyo de Bruselas, que ha ordenado a España no pagar ningún laudo.

Sin embargo, los tribunales de EEUU están siendo claros en cada una de las sentencias contra España, que suman siete en las últimas semanas y que sitúan la deuda en 688,4 millones de euros. Al más reciente, ligado al caso 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a otros acreedores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).

Esa es la cantidad susceptible de ser embargada por estos fondos que han presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia sus primeras solicitudes formales de información y documentación post-sentencia a España.

El escrito, registrado por el despacho King & Spalding LLP, requiere que España proporcione, en un plazo máximo de 30 días, información detallada sobre sus bienes, cuentas financieras, contratos y activos ubicados en EEUU, así como datos relativos a diversas entidades públicas o privadas que estén vinculadas al Estado a través de su accionariado u otro tipo de vínculo.

Además, se solicita información sobre entidades estatales varias, caso de SEPI, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire e Ineco, entre otras, con el fin de determinar si actúan efectivamente como alter ego del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo, en el marco del procedimiento del registro y pleno reconocimiento judicial de las deudas existentes por parte de los tribunales estadounidenses.

Con esta nueva línea de actuación basada en el rastreo e identificación formal de bienes y activos de España en suelo estadounidense, las empresas afectadas por los impagos a las renovables de Ribera y Aagesen avanzan en la fase final para hacer efectivo el pago de las cantidades reconocidas a su favor por tribunales arbitrales internacionales.

La deuda total derivada de esta cuestión asciende a 2.180 millones de euros, cantidad que incluye 1.754,7 millones en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.

El origen de estos procesos es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en energías renovables. Miles de grandes y pequeños inversores apostaron por España pero en 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, decidió unilateralmente limitar esas primas al 7% para hacer frente a la grave crisis económica heredada de Zapatero.

Los inversores acudieron en masa al tribunal de arbitraje del Banco Mundial para reclamar las correspondientes indemnizaciones. El Ciadi les dio la razón en la mayoría de los casos y el Gobierno de Sánchez decidió no pagarlos alegando que ya no estaban en la Carta de Energía y en que eran consideradas ayudas de Estado por Bruselas. A partir de entonces, los fondos recurrieron a los tribunales ordinarios de EEUU, Reino Unido o Australia.