El tribunal de arbitraje condena a España a pagar 262 millones a Eiser por los recortes a las renovables

Nuevo golpe a España por los recortes a las primas a las renovables y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no pagar esos laudos a los inversores internacionales que los están reclamando. El CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha dictado un nuevo laudo definitivo que condena a España a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg por los daños derivados de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

El procedimiento se inició en 2013, cuando los inversores presentaron su demanda ante el CIADI, denunciando que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 -que redujeron o eliminaron los incentivos comprometidos- vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores. En 2017, un tribunal arbitral dio la razón a Eiser y condenó al Estado español a abonar unos 128 millones de euros más intereses.

Aunque, en 2020, un comité ad hoc del CIADI anuló ese primer laudo, los reclamantes solicitaron en 2021 la reapertura del procedimiento para que el caso fuera evaluado nuevamente. Tal apelación ha concluido ahora con un fallo que condena a España y eleva la indemnización pendiente de pago a 262 millones de euros.

Eiser desarrolló tres plantas de energía renovable en España bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas. Según denunciaron los reclamantes, las reformas introducidas por el Gobierno español alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, provocando pérdidas sustanciales.

Con esta condena, son ya 27 las empresas que esperan el pago de las compensaciones dictadas por los tribunales internacionales. En suma, las indemnizaciones -1.755 millones de euros- y los intereses de demora y sobrecostes legales -397 millones- elevan la factura a 2.152 millones de euros.

Hasta la fecha, los impagos reiterados por parte del gobierno de España han llevado a que los tribunales de Estados Unidos reconozcan como propias las sentencias de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

En paralelo, la ofensiva judicial de los inversores afectados por los impagos de España también avanza en Australia. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales por un importe total de 469 millones de euros contra el Reino de España. La decisión -que incluye a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- impone además el pago de costas procesales tanto a España como a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada.

Asimismo, se han dictado distintos embargos en Reino Unido (sede del Instituto Cervantes, edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuentas bancarias, edificio de promoción económica la Generalitat de Cataluña…) y Bélgica (intervención de dos pagos de Eurocontrol al operador español del tráfico aéreo, Enaire, la última de ellas el pasado mes de julio por valor de 200 millones de euros).

La pasada semana se publicó el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, que sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.

Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60%. Para revertir la actual situación de desconfianza e inseguridad jurídica, el Gobierno debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC, pero esta vez mediante un acuerdo con los 27 acreedores afectados, entre los que también figuran compañías clave en el sector energético como E.ON y EDF, así como grandes corporaciones internacionales como las japonesas Toyota (caso Eurus), Mitsui e Itochu.