Desindustrialización

Día D para Alcoa: si el juez considera procedente el ERE, se irá de España definitivamente

La multinacional parará las cubas de aluminio hoy mismo si logra una sentencia favorable

Los trabajadores confían en que el tribunal anule el ERE, lo que obligaría a Alcoa a volver a negociar

El tribunal presiona a Alcoa para vender la planta de Lugo: mantenerla abierta le costará 12 millones

Día D para Alcoa: si el juez considera procedente el ERE, se irá de España definitivamente
Protestas de trabajadores de Alcoa

Llegó el día D para los 524 empleados de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), la fábrica de la que vive casi toda la comarca de A Mariña. Después de que el Gobierno de Sánchez los abandonara a su suerte, este jueves se lo juegan a todo o nada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que debe decidir si anula o no el ERE planteado por el gigante del aluminio. En caso de que dé la razón a la empresa, esta parará las cubas y se irá definitivamente de España, ya que ha roto todos los puentes de diálogo con la SEPI y con el conglomerado GFG.

Según fuentes conocedoras de la situación, Alcoa ha rechazado las aproximaciones que ambos han hecho en las últimas semanas para tratar de buscar una solución negociada para la planta gallega, a pesar de los elementos de presión para que acceda a su venta: las recientes medidas cautelares impuestas  a Alcoa por el alto tribunal gallego, que le supondrán un coste de cerca de 12 millones de euros sin ninguna generación de ingresos, y otras amenazas como los costes medioambientales que implica el cierre de la planta, o la exigencia de devolución de las subvenciones recibidas al no cumplir el compromiso de mantenimiento del empleo.

Este verano, Alcoa negoció con Liberty pero no llegó a un acuerdo porque el conglomerado metalúrgico planteó unas duras condiciones: GFG pedía 170 millones para cubrir posibles costes cuando Alcoa solo estaba dispuesta a asumir solo 60 millones. Asimismo, Alcoa ofrecía garantizar a Liberty el suministro de alúmina (la materia prima del aluminio, que también se refina en una planta anexa en San Cibrao) durante 5 años, mientras que el comprador pedía 20.

Como ha venido informando OKDIARIO, Alcoa no quiere vender la planta a uno de sus principales competidores. GFG (propietario de Liberty House) tiene dos fábricas de aluminio en Francia, una Bélgica y otra en Reino Unido; sumando la fábrica española, se convertiría en un poderoso rival en Europa del líder mundial.

Si Alcoa gana, cierre inmediato de la planta

Ante esta situación, el Gobierno reaccionó -si bien sigue sin tomar medidas para rebajar la factura de la luz, la verdadera causa de la marcha de Alcoa de España- y emprendió negociaciones para que la SEPI se haga con la planta, en teoría para revenderla a Liberty (lo que se conoce como ‘back to back’). Negociaciones que se han roto definitivamente, según las fuentes.

Así las cosas, todo queda en manos de los jueces del tribunal gallego. Si dieran la razón a Alcoa y declarasen válido en ERE de los 524 empleados, la intención de la empresa norteamericana es parar las cubas de electrólisis, en las que se produce el aluminio, lo que implica de facto el cierre de la planta puesto que, aunque sobre el papel luego se pueden reiniciar, en la práctica es un proceso muy complicado y costoso, y con alto riesgo de que se rajen las citadas cubas. Y podría hacerlo porque, con este fallo, quedarían sin efecto las medidas cautelares impuestas el 4 de noviembre.

Si el Tribunal anula el ERE, vuelta a la casilla de salida

Ahora bien, tanto los representantes de los trabajadores como el Gobierno central y el de la Xunta de Galicia dan por hecho que el tribunal decretará la nulidad del ERE. En ese caso, las fuentes citadas aseguran que Alcoa no tendría más remedio que avenirse a negociar, probablemente con la SEPI, ya que las relaciones con GFG son gélidas. Y ahí sí cabría la posibilidad de un acuerdo en el que se alcance una postura intermedia entre las exigencias de Alcoa y de GFG del verano pasado.

Este último ha cerrado un acuerdo con el grupo energético Ignis para asegurarse un suministro eléctrico barato y de origen renovable para dicha planta a partir de 2023, como informó OKDIARIO, por lo que no necesitaría una gran rebaja del precio de la luz para poder seguir adelante con la fabricación de aluminio.

El Gobierno podía haber impedido mucho antes que se llegara a esta situación al filo del abismo, porque hace meses que podía haber aprobado la norma que rebajaría el precio de la electricidad para la alumínica estadounidense, que es lo que siempre ha pedido para quedarse en España: el Estatuto del consumidor electrointensivo. En vez de eso, no ha dado ningún impulso a la norma desde marzo de 2019.

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