Sánchez abandona a los trabajadores de Alcoa y no tratará de salvar la empresa por Real Decreto

Pedro Sánchez ha batido todos los récords de utilización del Real Decreto-ley, en teoría reservado para materias de extraordinaria y urgente necesidad. Pero el Gobierno no ha considerado que sea necesario ni urgente aprobar la norma que iba a bajar el precio de la luz a Alcoa y que podía evitar su cierre en España con el consiguiente despido de 500 empleados. Para más inri, sí aprobará la ley en el futuro tras todos los trámites burocráticos, cuando ya no haga ninguna falta.

El domingo venció sin acuerdo el plazo para cerrar la venta de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) al conglomerado internacional Liberty House, que era la única esperanza para su salvación. Alcoa no aceptó unas condiciones draconianas impuestas por Liberty, que intentaba aprovecharse de la ‘fire sale’. Y, este lunes, rechazó una propuesta de Industria para que la Sepi comprase la factoría para revenderla a Liberty, por las relaciones de la planta con la refinería de alúmina (la materia prima) que también se encuentra en San Cibrao y que Alcoa sí va a mantener abierta. Lo cual aboca al cierre de la de aluminio, salvo milagro de última hora.

Pero el Gobierno podía haber impedido mucho antes que se llegara a esta situación irreversible. Porque hace meses que podía haber aprobado la norma que rebajaría el precio de la electricidad para la alumínica estadoundense, que es lo que siempre ha pedido para quedarse en España: el Estatuto del consumidor electrointensivo. En vez de eso, no ha dado ningún impulso a la norma desde marzo de 2019.

El Ministerio de Industria asegura que se está negociando en Bruselas y que, antes de llevarlo al Consejo de Ministros, irá al Consejo de Estado, ese órgano consultivo en el que los partidos aparcan a sus viejas glorias y que no suele servir más que para alargar aún más la tramitación de las leyes. Por tanto, estará aprobado (si es que se aprueba) dentro de unos meses, cuando Alcoa ya haya cerrado su planta.

Podía haberlo tramitado como Real Decreto

Pero el Ejecutivo podría haber acelerado su tramitación ante la desesperada situación de la planta de Alcoa, y haberlo hecho mediante un Real Decreto-ley. El Gobierno de coalición había aprobado 66 normas de este tipo desde su formación hasta junio, récord absoluto en la democracia, algunos de ellos con contenidos bastante peregrinos. Sin embargo, ni Sánchez ni sus ministros económicos han considerado que salvar 500 empleos mereciera figurar en uno de ellos.

Es cierto que el citado Estatuto es una norma que requiere la aprobación de la UE porque implica ayudas de Estado (básicamente, dejarles la luz más barata que al resto de consumidores). Pero, si hubiera habido interés, se podían haber buscado vías para aprobar la norma en un Real Decreto sin el veto de Bruselas, como un visto bueno provisional. No sería la primera vez que se negocia así cuando hay cuestiones de gran urgencia.

El misterio de la CNMC

Otra cuestión polémica es el paso del Estatuto por la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). Industria asegura que cuenta ya con el informe preceptivo, pero fuentes conocedoras de la situación cuentan una historia muy distinta: hubo un informe de abril de 2019 sobre un borrador del Estatuto, pero el Gobierno lo retiró y volvió a enviar un texto legal mucho más amplio y detallado en diciembre de ese año… para retirarlo a petición propia mediante una carta del secretario general de Industria y de la Pyme de 30 de diciembre de 2019.

Desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a mandar ningún texto a la CNMC y, en consecuencia, el órgano que preside Cani Fernández no ha vuelto a pronunciarse sobre el Estatuto. Por tanto, el único informe con el que cuenta el Ministerio de Industria (curiosamente, esta norma no corresponde al de Transición Ecológica) es el referido a un primer borrador muy distinto del texto actual, y más aún del que se acabe consensuando con Bruselas.

El origen del problema

La razón por la que Alcoa cierra su planta de Lugo es el elevado precio de la electricidad para la fabricación de aluminio -actividad que consume mucha energía-, que en España es entre 20 y 25 euros por megawatio/hora (MWh) más caro que en Francia o Alemania. Para rebajar eses coste, el Gobierno prometió la aprobación antes del verano de una norma, el citado Estatuto del consumidor electrointensivo, que dejará fuera de la factura de estas industrias varios conceptos que no tienen relación directa con la generación de electricidad (lo que se conoce como «costes»: primas a las renovables, el déficit de tarifa acumulado durante años y la insularidad).

Esta rebaja de la luz frente al resto de consumidores entra de lleno en la regulación de ayudas de Estado, de ahí que haya que negociarlo con Bruselas. Pero otros países ya lo han hecho y, en principio, esta autorización comunitaria no debería ser demasiado complicada porque la UE ha relajado las restricciones a estas ayudas para facilitar el rescate público de empresas muy afectadas por el covid, como las aerolíneas.

Alcoa se ha hartado de esperar a que algún día se apruebe esta norma y, por eso, anunció en junio el cierre de la planta gallega de aluminio y un ERE para toda la plantilla, 534 trabajadores. En un contexto de caída de los precios internacionales del aluminio, un precio tan elevado de su principal coste (la energía) hace que su fabricación en nuestro país no sea rentable. De hecho, Alcoa ya vendió el año pasado otras dos plantas en Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital.

Pero es que incluso la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que agrupa a las electrointensivas, considera que el borrador actual, si bien rebaja un poco la tarifa eléctrica, la sigue dejando a mucha distancia de la de los competidores de España. Es decir, que no solo el Gobierno llega con retraso a la crisis de Alcoa, sino que la norma que pretende aprobar no sería suficiente (y puede que tampoco lo sea para otras fábricas que podrían echar el cierre en España).