El Gobierno condena a Alcoa a vender o cerrar la planta de Lugo por el retraso en aprobar la rebaja de la luz

El Gobierno intenta dar la impresión de que se está esforzando para salvar la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), pero la realidad es que no ha hecho lo único que de verdad está en su mano: aprobar la norma que rebajaría el precio de la electricidad para la multinacional, que es lo que siempre ha pedido para quedarse en España. Se trata del Estatuto del consumidor electrointensivo, que duerme el sueño de los justos. De hecho, el Ejecutivo ni siquiera ha pedido la preceptiva autorización a la Comisión Europea.

Esta semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo han conseguido que Alcoa y los sindicatos acepten aplazar seis semanas el inicio del ERE con el que la compañía despedirá a los 534 trabajadores de la planta de aluminio. Este mayor plazo pretende facilitar las negociaciones para una eventual venta de la fábrica a Liberty House, un conglomerado metalúrgico internacional propiedad del magnate indio Sanjeev Gupta. Si ambas compañías alcanzan un acuerdo, continuará la producción y será el comprador quien decida sobre la plantilla; si no, el cierre será inevitable. Pero el Gobierno no tiene ningún papel en este proceso: su éxito o fracaso no dependen de él.

Lo que sí depende del Ejecutivo de coalición es abaratar el precio de la electricidad para la fabricación de aluminio -actividad que consume mucha energía-, que en España se sitúa entre 20 y 25 euros por megawatio/hora (MWh) más caro que en Francia o Alemania. Para ello, prometió la aprobación de una norma, el citado Estatuto del consumidor electrointensivo, que dejaría fuera de la factura de estas industrias varios conceptos que no tienen relación directa con la generación de electricidad (lo que se conoce como «costes»: primas a las renovables, el déficit de tarifa acumulado durante años y la insularidad).

La ministra de Industria, Reyes Maroto, prometió que la norma se aprobaría antes del verano, pero, de momento, solo hay un borrador en período de «consulta pública previa». Más grave aún: ni siquiera se ha enviado a Bruselas para su aprobación, que es obligatoria ya que se trata de una ayuda de Estado, según fuentes conocedoras de la situación. Y eso que, en principio, esta autorización no debería ser demasiado complicada porque la UE ha relajado las restricciones a estas ayudas para facilitar el rescate público de empresas muy afectadas por el covid, como las aerolíneas.

La rebaja del Estatuto no es suficiente

Alcoa se ha hartado de esperar a que algún día se apruebe esta norma y, por eso, anunció en junio el cierre de la planta gallega de aluminio (tiene otra de alúmina que permanecerá abierta) y un ERE para toda la plantilla, 534 trabajadores. Ahora, ha aceptado la prórroga para negociar la venta a Liberty House, pero no hay ninguna garantía de éxito.

En un contexto de caída de los precios internacionales del aluminio, un precio tan elevado de su principal coste (la energía) hace que su fabricación en nuestro país no sea rentable. De hecho, Alcoa ya vendió el año pasado otras dos plantas en Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital.

Además, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que agrupa a las electrointensivas, considera que el borrador actual, si bien rebaja un poco la tarifa eléctrica, la sigue dejando a mucha distancia de la de los competidores de España. Es decir, que, aunque el Ejecutivo se diera mucha prisa a partir de ahora para aprobar la norma, es probable que no fuera suficiente.

Recuperar las ayudas tradicionales

Alcoa llevaba años recibiendo una subvención encubierta del Estado bajo una figura que se llamaba interrumpibilidad. Esto consistía en que algunos clientes estaban dispuestos a no tener el suministro asegurado los 365 días (a que se les pudiera cortar la luz, vamos) a cambio de un menor precio del megawatio/hora. En la práctica, es un subterfugio porque en España es difícil que se corte la luz porque existe un exceso de capacidad (salvo catástrofe natural). Y la Comisión Europea, además, quería desterrar cualquier privilegio que sonara a ayuda de Estado, por lo que exigió que el precio de la luz para este sistema se fijase en una subasta de mercado.

Y ahí llegó el problema: hay muchos grandes consumidores como Alcoa que quieren una rebaja a cambio de aceptar esa interrumpibilidad, pero no hay casi ninguna eléctrica dispuesta a concederla (porque no les compensa dado el exceso de capacidad). El resultado fue que la subasta de diciembre arrojó que el precio que tenía que pagar Alcoa por la luz era mucho más alto, con lo que desapareció la rebaja de la que disfrutaba históricamente.

Para recuperarla, se planteó el Estatuto del consumidor electrointensivo, que también es una ayuda de Estado y por eso requiere el visto bueno comunitario. Pero el retraso de la norma -y su escasa ambición- han forzado la marcha de Alcoa de España. Ya solo quedan dos opciones: o venta a Liberty, o cierre.