Las claves del sector automovilístico: ‘dieselgate’, grandes fusiones y vehículos limpios

El 2017 que acaba de terminar será recordado por haber sido testigo de una de las mayores operaciones dentro del mundo de la automoción, la compra de Opel y Vauxhall y la financiera de General Motors por parte del Grupo PSA, mientras que en el plano nacional destacó la renovación en la presidencia de dos de las principales asociaciones del sector automovilístico español, como son Ganvam y Faconauto.

El consorcio automovilístico francés completó la operación
con el objetivo de que ambas marcas vuelvan a ser rentables en 2020, con un margen operativo del 2% para dicho periodo y del 6% para 2026. Así, la intención es que la combinación de la compañía francesa con Opel y Vauxhall genere importantes economías de escala y sinergias en las compras, en la fabricación y en las operaciones de I+D que se situarán en 1.700 millones de euros. En el terreno nacional, el año 2017 estuvo marcado por la renovación en la presidencia de dos de las grandes asociaciones, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) y en la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

Por su parte, otro de los grandes acontecimientos internacionales que ha dejado el mundo del motor durante el pasado año fue la condena al directivo de Volkswagen Oliver Schmidt por el caso del software que alteraba las emisiones de algunos modelos diésel.

El responsable de Compliance del grupo automovilístico alemán entre 2014 y marzo de 2015 fue condenado por el Tribunal del Distrito de Detroit (Estados Unidos) a siete años de cárcel por su implicación en el caso del software ilegal instalado en algunos vehículos de diésel que alteraba las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).

Schmidt, que también deberá pagar unos 339.000 euros al cambio actual, fue acusado de once cargos criminales a principios de 2017, aunque, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron retirar la mayoría de ellos.

Tras el escándalo del ‘dieselgate’, Bruselas aprobó un nuevo test de medición de consumo y emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos, denominado WLTP (por sus siglas en inglés), que afecta a todos los vehículos homologados en Europa, aunque no será hasta septiembre de 2018 cuando se empiece a aplicar a los automóviles matriculados, a pesar de que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

Las nuevas pruebas WLTP representan un paso más en la intención de la Unión Europea de ofrecer homologaciones de consumos y emisiones más acordes con el uso habitual de los vehículos por parte de los conductores y no en función de mediciones de laboratorio, tal y como reflejaba la anterior norma de homologación NEDC.

Fuentes del sector auguran un efecto negativo sobre el mercado automovilístico, que podría recortar sus ventas en caso de que no se adecuen los tramos del impuesto de matriculación a esta nueva medición. El 1 de enero de 2019 entrará en vigor una normativa aún más restrictiva, denominada RDE.

En este sentido, Bruselas aprobó también multas de hasta 30.000 euros a los fabricantes o a los servicios de inspección por cada vehículo que no cumpla con la norma comunitaria en materia de homologación de emisiones y seguridad. Además, de manos del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, la Comisión Europea propuso en noviembre unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas del 15% para 2025 y del 30% para 2030 en comparación con los niveles que se registren en 2021.

El Ejecutivo comunitario también presentó un paquete de medidas con el que pretende impulsar tecnologías limpias en el sector del transporte e incentivar la transición de los vehículos con motores tradicionales de combustión a otros alternativos, como los coches eléctricos.

Los planes de incentivo a la compra de vehículos propulsados por combustibles alternativos aprobados por el Gobierno en 2017, el Movea y el Movalt, también marcaron la actualidad del sector y de la movilidad con energías alternativas a lo largo del año pasado.

Estos planes motivaron reacciones de las asociaciones. Así, muchas criticaron que el Ejecutivo se olvidara por completo del Plan PIVE tradicional (que incluye achatarramiento), sin que tuviera en cuenta la necesidad de rejuvenecer la edad media del parque automovilístico español (12 años).

Por otro lado, otras organizaciones reclamaron una mayor continuidad de las subvenciones para la compra de vehículos ‘limpios’ si el objetivo es cumplir con los objetivos medioambientales que marca Europa, al tiempo que abogaron por un cambio en la fiscalidad del automóvil que prime al uso y no a la compra.

El Movea, que contaba con una dotación presupuestaria de 14,26 millones de euros, se agotó en apenas 24 horas desde que se abriera el plazo de inscripción el 3 de agosto, y disparó un 183% las ventas de eléctricos y un 308% las de híbridos enchufables.

En la misma línea, el Movalt también agotó la totalidad de sus 20 millones de presupuesto en apenas un día, registrando más de 4.000 solicitudes en las 24 horas que estuvo operativo. En dicho plan, el Gobierno también incluyó 15 millones de euros a impulsar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, además de otros 15 millones adicionales para apoyar iniciativas de I+D+i vinculadas a la movilidad eficiente y sostenible, aunque todavía no se han liberado los fondos.