Los accionistas minoritarios de Talgo estudian acciones contra el bloqueo del Gobierno a la OPA húngara

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha advertido de que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno por dificultar su derecho a decidir en caso de vetar la OPA lanzada por el grupo húngaro Margar Vagon para adquirir Talgo a un precio de 5 euros por acción.

Los minoritarios se suman así a la opinión de los principales accionistas del fabricante de trenes, calificando como «beneficiosa» la operación, tanto en términos de contraprestación para los accionistas como en posible solución industrial para Talgo.

Por ello, Aemec se reunirá con sus homólogas europeas para plantear ante las instancias europeas una impugnación de la ley anticipas, que es la que le permite al Gobierno vetar la OPA. La asociación cree que durante el Covid-19 pudo tener una justificación, pero que en el momento presente puede constituir «una vulneración de los principios fundamentales de la Unión Europea».

Talgo estudia acciones administrativas

Aemec también valora iniciar acciones administrativas o judiciales contra la compañía checa Skoda por presentar una alternativa a la OPA húngara sin ofrecer una contraprestación, sino solo una declaración de intereses para combinar sus negocios.

La asociación de minoritarios considera que Skoda ha incurrido en una conducta de «abuso de mercado», que además ha provocado una caída de la acción de Talgo, devolviendo su cotización al terreno en el que se encontraba antes de trascender la oferta de Magyar Vagon.

«Aemec no descarta emprender acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamación no solo de los daños emergentes que puedan sufrir los accionistas con ocasión de la caída del valor de la acción, sino también por el lucro cesante, como consecuencia de no poder materializar una oferta del todo atractiva para los accionistas minoritarios, privándoles de poder vender sus títulos a 5 euros», argumenta, aludiendo a la «indefensión absoluta» en la que cree que se encuentran los más de 8.000 accionistas de Talgo.

Aemec apunta al próximo 9 de agosto como fecha límite que tiene el Gobierno -al que le pide «legalidad y neutralidad»- para responder, aunque se trata de un plazo aproximado. En cualquier caso, la asociación de minoritarios advierte de que «cualquier retraso injustificado del Gobierno en autorizar la inversión extranjera generará un daño a Talgo- extensible a la economía española– que podría ser irreparable».