El PSOE quiere crear ya un cuerpo de inspectores salariales de género

El PSOE quiere acelerar la creación de un cuerpo de inspectores salariales de género. No quiere esperar más y pretende que el Gobierno incorpore este punto en la reforma laboral que se lleve a cabo pactada con los sindicatos.
La medida supone tener un cuerpo de supervisores con capacidad para chequear los sueldos de las plantillas y juzgar ellos mismos y por criterios supuestamente objetivables si las diferencias de salario entre dos trabajadores corresponden al hecho de ser hombre o mujer.

El PSOE pretende, de este modo, “introducir nuevas medidas en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo”.
El marco de esta reforma se explicaría dentro del propósito del PSOE de “hacer efectivo y garantizar el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, recogido en nuestra Constitución”.
Algo en lo que los socialistas pretenden implicar “a los poderes públicos, las empresas y los particulares, porque todos estamos sujetos a los preceptos constitucionales”.

Para ello, la reforma tendría que tocar distintos ámbitos. Uno, el puramente laboral. Pero otro, también, el de la Ley de Igualdad. Por eso los socialistas quieren “ampliar y complementar el contenido de la Ley actual de Igualdad para garantizar la ausencia de discriminaciones en materia retributiva entre mujeres y hombres e incorporar un conjunto de medidas en los Planes de Igualdad de las empresas incluyendo la auditoría salarial”.

Para que los inspectores pudiesen tener capacidad de actuación se blindaría su poder por medio de una modificación simultánea del Estatuto de los Trabajadores con el fin de garantizar la ausencia de discriminación “tanto directa como indirecta en el sistema de clasificación profesional; de establecer iguales salarios por trabajo de igual valor; que los y las trabajadoras tengan derecho a acceder al Registro Salarial de su empresa” y, sobre todo, “establecer la vigilancia en la aplicación del principio de igualdad de trato especialmente en materia salarial”.

De este modo, el cuerpo de la Oficina Nacional podría juzgar, sin más evaluación que la de una rápida inspección, si un trabajador está cobrando más o menos, no por el desempeño mejor o peor de sus funciones, sino por causa de una supuesta discriminación sexual.

Al entrar en materia laboral, además, las empresas que quisieran reclamar frente a estas inspecciones tendrían que hacerlo ante los juzgados de lo Social, un ámbito en el que la protección a las reclamaciones salariales suele ser claramente exitosa.

Todo ello, iría acompañado de la posibilidad de sancionar que ya se anunció a aquellas empresas que hayan discriminado sexualmente a sus empleados. Para ello el PSOE quiere que se modifique la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social introduciendo un régimen de sanciones e infracciones a las empresas que no cumplan con la “igualdad salarial”.