El PP de Mazón dará apoyo legal a las familias aplastadas por la inmersión lingüística en los colegios

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que preside el alicantino Carlos Mazón, dará apoyo legal a las familias aplastadas por la inmersión lingüística en territorio valenciano. Según ha revelado hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas Beatriz Gascó, que tras reunirse con miembros de la comunidad educativa. La acción del PP consistirá en poner los servicios jurídicos de la formación al servicio de las madres y los padres que quieran recurrir los proyectos lingüísticos de los centros escolares que incumplan la ley.

Los otros niños de Canet aplastados por la inmersión lingüística en territorio valenciano no estarán solos. Al contrario, recibirán el apoyo legal del Partido Popular en esa batalla cotidiana que se libra a cada momento en defensa del uso de la lengua castellana.

El origen de esta iniciativa estriba en que familias, docentes, directores e inspectores han expresado su preocupación, según el relato popular, porque cuando se evaluaron los proyectos lingüísticos de centros de Educación Primaria, el pasado mes de marzo, tanto desde la Consejería de Educación como los asesores lingüísticos dieron instrucciones a los centros «haciendo caso omiso de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ)», que fija los criterios para mantener la proporcionalidad entre el castellano y el valenciano. Una circunstancia que ha llevado a Beatriz Gascó a afirmar que el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig «no sólo está copiando el modelo lingüístico catalán, sino que también incumplen las sentencias de los tribunales».

El PP sostiene que el Gobierno valenciano, cuyo consejero de Educación es Vicent Marzà (Compromís) no han dado instrucción alguna para que se cumpla la sentencia del TSJCV  una vez finalizado el procedimiento para que los consejos escolares eleven su propuesta de mantener o modificar su proyecto lingüístico a la Administración. Y esta circunstancia es la que le ha impulsado a poner en marcha la medida que aquí se explica. «Muchos centros -ha dicho Gascó- están impartiendo en castellano asignaturas que no son troncales y la proporcionalidad del castellano respecto al valenciano es infinitamente menor de lo que indica la sentencia, incumpliendo, en algunos casos, la ley del plurilingüísmo».

En suma, que lo que denuncian los populares es que mientras desde la Generalitat Valenciana de Puig y Marzà se emite un mensaje, en su aplicación «se está haciendo lo imposible para conseguir, de facto, una inmersión lingüística que no se ajusta a la ley». Y esto es lo que el PP quiere evitar, según el relato de Beatriz Gascó, que además ha afirmado que «no vamos a consentir que la Comunidad Valenciana vaya a remolque de lo que está ocurriendo en Cataluña en materia de Educación». 

Se avecina, por tanto, una nueva batalla lingüística, si bien esta vez el escenario no estará en las aulas, sino en los tribunales, a donde el PP piensa dirigir todos los casos que a juicio de su gabinete jurídico puedan incurrir en un supuesto incumplimiento de la legalidad.