El Defensor valenciano insta a la Consejería de Educación a desterrar la discriminación del español

El Defensor del Pueblo valenciano ha enarbolado el Estatuto de Autonomía para dejar claro a la Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís) el derecho de las familias a dirigirse y obtener respuesta de la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus 2 lenguas oficiales, el español y el valenciano, así como a recibir respuesta en la misma lengua utilizada por esa familia. En una resolución histórica, el Defensor valenciano recuerda también la necesidad de desterrar cualquier tipo de discriminación lingüística.

El derecho que defienden miles de familias en la Comunidad Valenciana lo ha refrendado el defensor del pueblo valenciano en una resolución que por encima de todo defiende la convivencia entre el valenciano y el español sin perjuicio de ninguna de las 2 lenguas. En síntesis, el defensor no se decanta por una o por otra, sino que enarbola el Estatuto de Autonomía valenciano para que cada cual utilice la que considere en sus comunicaciones con la Administración valenciana.

Esta recomendación forma parte de la resolución de una queja que fue presentada por una componente del Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jaume I (Jaime I) de Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Exponía en su escrito que con fecha 19 de julio del pasado año 2021, se acordó presentar una solicitud ante la Consejería de Educación con la petición de que la memoria de final de curso y los documentos que se generan desde las plataformas oficiales de la citada consejería así como la información del canal oficial Telegram de GVA (Generalitat Valenciana) Educación se emitieran en las dos lenguas oficiales en territorio valenciano. Es decir, en español y en valenciano. Pero no obtuvo respuesta. De ahí, que se dirigiera al Defensor para que mediara con la Administración competente. En este caso, la Consejería de Educación.

El Síndic de Greuges, denominación del Defensor del Pueblo autonómico en territorio valenciano, en su resolución, recuerda a Marzà que la co oficialidad del español y el valenciano tiene que ser patente en todas las manifestaciones de la Administración Pública y tiene también que desterrar cualquier forma de discriminación lingüística. Y matiza, además, que «especialmente» en esta queja porque entiende que va dirigida a toda la comunidad educativa, incluidas las familias del alumnado.

Con todo ello, el Defensor del Pueblo valenciano resuelve con la recomendación de que Vicent Marzà dé contestación expresa, motivada y congruente a la solicitud a la que se refiere la queja. Recomienda, además que se garantice el derecho de los ciudadanos a dirigirse y obtener respuesta de la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus 2 lenguas oficiales así como a recibir respuesta en la misma lengua utilizada en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía y de conformidad con el principio de antiformalismo, sencillez y eficacia «que debe presidir todas las actuaciones administrativas».

Además, el Defensor sugiere a Marzà que la Consejería de Educación adopte todas las medidas necesarias «incluidas presupuestarias y tecnológicas» para adaptar al régimen de co oficialidad lingüística vigente en la Comunidad Valenciana las memorias finales del curso que la Consejería remite a los centros docentes públicos. Y, como indica la ley, da finalmente el plazo de un mes para que la Consejería de Marzà manifieste su conformidad con esta batería de recomendaciones y sugerencias, de las que da cuenta, también, a la impulsora de la queja.