SECTORES PRODUCTIVOS

La Patronal del Calzado pide a Cepyme mediar ante el Gobierno para evitar su pérdida de competitividad

El sector traslada su "enorme" preocupación en cuestiones como la morosidad, los fijos discontinuos o el absentismo

La patronal del Calzado reclama al Gobierno de España que la escuche y no ponga trabas a la competitividad

El sector agrupa 2.989 empresas en toda España, que cuentan con 41.000 trabajadores

FICE CEPYME
Reunión de la patronal del Calzado con Cepyme.
Ignacio Martínez

La patronal del Calzado (FICE) ha reclamado la mediación de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) para que inste a su vez al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, a rectificar las medidas que según esa misma patronal «atentan contra la competitividad del sector». Y que han generado, a su vez, una «enorme preocupación». En concreto, se trata de las medidas que afectan a la morosidad, los fijos discontinuos, el absentismo y la reducción de la jornada laboral. El sector del Calzado cuenta con 2.989 empresas en toda España, con  41.000 trabajadores.

La presidenta de la Federación de Industrias de Calzado de España (FICE) Rosana Perán, la secretaria general Marian Cano y los vicepresidentes Juan Carlos Fernández (Calzados de Menorca), Juan Romero (CALZIA), Alfonso Ruiz (AICCOR) y Susana Martín (APICT) han trasladado al secretario general de Cepyme Luis Aribayos y la directora del departamento sociolaboral Teresa Díaz de Terán la «enorme» preocupación del sector por las normas y medidas que afectan a las cuestiones mencionadas: la morosidad, los fijos discontinuos, el absentismo y la reducción de la jornada laboral.

En concreto, han puesto sobre la mesa la «necesidad» de trasladar tanto al Ejecutivo como a la Unión Europea (UE) la que consideran como «situación límite» del sector. Y han advertido, a su vez, de que si las normas sobre los asuntos antes citados: morosidad, los fijos discontinuos, el absentismo y la reducción de la jornada laboral, porque si esa rectificación no se lleva a cabo, las empresas «pierden competitividad».

En el ámbito de la morosidad, sostienen que la Comisión Europea propone medidas estrictas, que impactan, fundamentalmente contra el sector, porque los plazos de pago reducidos «dificultan las operaciones» de esas mismas empresas y, especialmente, de aquellas con transacciones internacionales y periodos medios de pagos prolongados, dado que el calzado es un producto de baja rotación.

Entienden que si en Europa se van a regular los plazos de pagos es «imprescindible» distinguir entre los productos de alta y baja rotación. Los empresarios de calzado apuestan, por contra, por un pacto libre entre las partes a la hora de cerrar un contrato.

La presidenta de FICE, Rosana Perán, ha explicado que la realidad actual es que «estamos perdiendo competitividad en el mercado global al que vamos dirigidos como sector inminentemente exportador que quiere trabajar en todas las áreas comerciales». Según Perán, «estas medidas, a la vez que restan flexibilidad, nos quitan competitividad».

Pero, además, han explicado a Cepyme que las empresas se enfrentan a una «situación límite» por la caída del consumo, el descenso del índice de producción industrial, el incremento del precio en materias primas y las «rigideces» en los contratos de fijos-discontinuos, estableciendo periodos anuales máximos, «sin tener en cuenta la coyuntura del sector».

Sostienen también que la reducción de la jornada laboral planteada por el Gobierno implica, en último caso, una subida salarial «al margen del dialogo social, que muchas empresas no pueden asumir», según ha explicado Marian Cano, que ha recordado también que en el sector del Calzado hay un convenio colectivo en vigor «que se cerró tras las negociaciones con los sindicatos». Un acuerdo de 4 años que recoge incrementos salariales y reducción de jornada laboral, entre otras medidas» y que consideran el marco hacia el que se debe dirigir el sector por ser, precisamente «fruto del diálogo social».

La secretaria general de FICE ha instado al Gobierno a que «nos escuche» y que sea consciente «de la necesidad de no poner más trabas a la competitividad de las empresas» y evitar así «una destrucción de empleo que nadie desea».

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